Un bono es un instrumento que emiten los Estados para financiarse. A cambio de que un inversor acepte sufragarlos, prometen pagar el principal a final del vencimiento, más un tipo de interés anual que se fija en función de la cotización del mercado en el momento de la compra del bono. Así, cualquier Estado puede pedir dinero en los mercados internacionales y cualquier inversor puede prestárselo. Sin embargo, este mecanismo no está exento de problemas.
El tipo de interés de cualquier activo financiero es, en gran medida, un proxy del riesgo de dicho activo. Por tanto, cuanto mayor tipo de interés presente, más arriesgado resulta invertir en él. Para que un país con alto endeudamiento previo pueda seguir pidiendo nuevos créditos, deberá ofrecer un alto tipo de interés para contrarrestar el riesgo de impago de la deuda. En esta situación se encuentran tanto España como Italia, ambos con un 95,5% y 134,80% de deuda pública sobre el PIB respectivamente. Dado que la crisis del coronavirus no solo ha afectado a estos dos países, sino a toda la Unión Europea, el BCE ha desplegado un ambicioso plan de medidas con las que aliviar la situación económica, en concreto el “Pandemic Emergency Purchase Programme” o PEPP, que consta de 750.000 millones de euros.
Pero ¿en qué consisten estos eurobonos (o coronabonos), qué implicaciones institucionales tienen, y qué virtudes y defectos exhiben?
El concepto de eurobono se trata del mismo que el de bono. En este caso, las deudas de todos los Estados miembros se juntan en estos paquetes europeos. ¿Quién los emite? El BCE no, ya que tiene expresamente prohibido comprar deuda directamente a los Estados miembros, a fin de mantener su independencia de la política. Por tanto, en la actualidad, no existe una institución en la Unión Europea que pueda hacerlo. Para ello, debería crearse una “Agencia Europea de Deuda” o “Autoridad Fiscal Europea”.
El mecanismo habitual de compra de bonos, al menos hasta ahora, se traducía en que el BCE, tras decidir adquirirlos, expandía para ello su balance, creando depósitos que utilizaba para comprar el bono a su tenedor a un precio suficiente como para impedir que los tipos de interés subieran. Nótese que el BCE no los compra directamente al Estado (mercado primario), dado que lo tiene prohibido, sino al inversor que ya los posee (mercado secundario).
En cambio, con la creación de eurobonos, el mecanismo consistiría en que el BCE actúa como intermediario, solamente expandiendo el balance y proporcionando depósitos a una hipotética Agencia de Deuda Europea. Esta sería la encargada de comprar los bonos de los tenedores de deuda y de crear un derivado financiero con ellos, llamado Collateralized Bond Obligation (CBO). Un CBO se trata, por tanto, de un bono (en este caso el eurobono) respaldado por otros de diferente calidad crediticia, entre los cuales puede haber bonos basura, los cuales, al juntarlos, ofrecen suficiente diversificación como para constituir un producto de inversión.
La finalidad de este proceso es obligar a los bancos a mover dinero con la esperanza de reactivar la economía
Tras la creación del CBO, la Agencia de Deuda Europea vendería el eurobono al BCE, obteniendo por él un beneficio. Posteriormente, el BCE aprovecharía la deuda contraída con el sistema bancario en forma de depósitos para redimirse de ella a a cambio de los eurobonos. En resumidas cuentas, el tenedor de bonos ha podido venderlo y ha conseguido depósitos; la Agencia de Deuda Europea guarda en su activo los bonos de los países miembros, ganando a su vez patrimonio neto; el BCE solo ha intervenido como intermediario, sin sufrir variaciones en su balance; y al sistema bancario se le han intercambiado los depósitos que poseía de reserva en el BCE por eurobonos.
La finalidad de este intrincado proceso pasa por drenar los depósitos de reserva de los bancos, que los tienen parados por falta de oportunidades de inversión, y cambiárselos por un producto financiero que deban poner en el mercado para conseguir de nuevo liquidez. Se trata de una manera rebuscada de obligar a los bancos a mover dinero con la esperanza de reactivar la economía. Por ello, durante la Gran Recesión se propusieron los eurobonos como medida anticíclica.
Su nueva aparición en la escena política viene motivada más por la mutualización de deuda entre los Estados miembros que surgiría de la creación de estos CBO que por la reactivación de la economía. Mientras que la idea de los eurobonos nació en la Gran Recesión como medio de inyección de liquidez, ahora se presenta como una vía de recuperación de solvencia para los países altamente endeudados.
Una pregunta interesante que se puede formular es qué función tiene, en la contabilidad expuesta arriba, el patrimonio neto que gana la hipotética Agencia de Deuda Europea. Este podría repartirse como dividendo a aquellas naciones que no hagan uso de este mecanismo para mutualizar deuda. Previsiblemente, las del norte, con unas finanzas públicas más consolidadas. Es decir, este dividendo sirve como pago por el aval que depositan los países que no necesitan utilizar este instrumento.
Obviamente, este resulta muy ventajoso para los países más irresponsables fiscalmente, y conlleva grandes riesgos para los que hicieron sus deberes. Además, la quiebra de un solo miembro de la Unión Europea podría arrastrar a la suspensión de pagos al resto, pese a que no tengan responsabilidad ninguna sobre los malos actos de sus vecinos. En definitiva, no está claro que los eurobonos se traten de una medida satisfactoria a largo plazo, por el riesgo moral y los incentivos que crean en los Estados muy endeudados para que sigan sin aplicar medidas de equilibrio fiscal.
