El sistema de financiación de la España actual genera desigualdades territoriales.

Una de las cuestiones fundamentales a la hora de analizar la política económica de un país es la distribución de competencias entre los diversos niveles de sus administraciones públicas.

En España, desde la división territorial de 1833, el sector público consistía en una administración central, una estructura territorial provincial -de acuerdo con el modelo que se había establecido en Francia unas décadas antes- y numerosas administraciones municipales. En la Segunda República se inició un proceso de dotar de autonomía a un número limitado de regiones – en concreto Cataluña, el País Vasco y Galicia- a las que se permitió tener estatutos que incrementaban su autogobierno. Pero, tras la guerra civil, estos estatutos autonómicos fueron derogados y se volvió al sistema anterior...