Manuel Llamas, analista económico y presentador de La Trinchera de Llamas, ha asistido a una nueva sesión del Ciclo «Democracia liberal y calidad institucional en España: Análisis del impacto de las dos últimas legislaturas». Una sesión mensual en la sede de la Fundación Civismo, en esta ocasión, para hablar sobre las últimas leyes económicas.

En España, el gran reto que se vive ahora es la vulnerabilidad de la democracia, la debilidad en el sistema de contrapesos: mecanismo constitucional donde los poderes ejecutivo, legislativo y judicial limitan y equilibran el poder de los demás. «Los “padres” de la Constitución jamás pensaron que se iba a poner en cuestión la democracia», sentencia Llamas.

Se experimentan, ahora más que nunca, ciertos retos político-institucionales muy relevantes. Mientras el Gobierno exhibe una fortaleza económica, la situación se muestra no tan ventajosa. Ante la incertidumbre de la situación en España, el dinero tiende a huir, y con él, los inversores. Según el analista económico, «el dinero es miedoso por naturaleza.» Llamas enuncia los fundamentos de la seguridad económica, que se están viendo mermados:

• En primer lugar, la propiedad privada. Este defiende el derecho inalienable de los individuos a poseer, utilizar y disponer de los medios de producción y bienes sin intervención arbitraria del Estado.
• A continuación, el libre mercado. El mercado debería funcionar como un mecanismo autorregulado donde la oferta y la demanda determinan los precios y la asignación de recursos.
• Por último, la seguridad jurídica. El Estado se limitaría a garantizar el orden y la protección de los derechos de propiedad.

Ante el incumplimiento de estos principios, la imagen por parte de los inversores extranjeros es nefasta. «Se ha despeñado la inversión extranjera directa un 50% en los últimos años. Por no mencionar que, cada vez son más los españoles que deciden irse del país a trabajar o estudiar en el extranjero.»

Ahondando en el caso de los españoles, Manuel Llamas señala que el español promedio destina buena parte de su salario a la propiedad o vivienda: «el 70% del patrimonio de los españoles es destinado a vivienda». Y aún así, no se percibe ninguna seguridad jurídica en términos de vivienda. Muestra de ello son los obstáculos que se dan en el sector de la vivienda y van en aumento: problemas de okupación e incapacidad para desalojar al okupa; problemas de inquilinos morosos; etc.

Dentro del ámbito empresarial también se perciben fallos en el sistema. Existe un grave dilema sobre el absentismo laboral: al día, 1,5 millones de trabajadores no acuden a su puesto de trabajo. Aparte, existe una tasa de paro del 20%, que se sostiene gracias a prestaciones y ayudas del Estado, posibles gracias al dinero del contribuyente.

Los españoles viven en una situación, poco palpable, de pobreza económica, ya que ganan lo mismo que hace 20 años. Al analizar esto, Llamas indica que: «Lo que pasa ahora no es una crisis económica como la del 2008 (con la burbuja inmobiliaria), ya que, aquella vez estalló de golpe. Ahora la situación es distinta: la gente no percibe la crisis ya que hay trabajo y existe un crecimiento leve del PIB; sin embargo, nos empobrecemos poco a poco. Se trata de una crisis estructural, de larga duración, como ocurrió en Argentina.»

En conclusión, en términos absolutos la población española es más pobre, ya que cobra lo mismo que hace veinte años. El PIB únicamente crece porque ha aumentado la población inmigrante, se trata de un artificio. Además, en términos relativos, la brecha con otros países se agranda: mientras la economía del resto de países crece gradualmente, España se estanca.

Para finalizar, Manuel Llamas lanza una propuesta de mejora: «Necesitamos terapia de choque. Vivimos una situación similar a la de Argentina con una excepción: los políticos no pueden decidir sobre la moneda, el euro.» «La gente no es consciente de cuánto les quita el Estado, porque reciben el sueldo neto en su cuenta bancaria y es lo único que ven.» En España, el 54% del sueldo se lo queda el Estado. Manuel propone instaurar una medida en que el trabajador ingrese el 100% de su sueldo en el banco, y luego sea el individuo quien pague a Hacienda.