6 de cada 10 hogares perceptores llevan más de tres años recibiendo la prestación, lo que plantea interrogantes sobre su capacidad para favorecer la autonomía económica.

El impacto del IMV sobre la reducción de la pobreza es significativamente inferior al esperado. La pobreza severa solo se reduce un 9,5%, frente a un potencial estimado del 16,2%, mientras que la pobreza moderada apenas disminuye un 1,1%.

Actualmente, el IMV alcanza a 2,44 millones de personas distribuidas en 798.312 hogares. No obstante, el sistema deja fuera al 55% de los hogares potencialmente elegibles y hasta al 72% para el caso del Complemento de Ayuda a la Infancia, lo que refleja importantes barreras administrativas y problemas estructurales de gestión. Esta situación evidencia que el principal problema no es presupuestario, sino de eficiencia en la administración de los recursos públicos.

La cuantía anual para una “familia tipo” (dos adultos más dos niños) asciende a 16.733 euros, una cifra que supera en un 7,43% el salario más frecuente en España, situado en 15.575 euros anuales. Esto eleva el denominado “salario de reserva”, es decir, el nivel mínimo salarial a partir del cual compensa aceptar un empleo, reduciendo así los incentivos para incorporarse al mercado laboral en trabajos de baja remuneración.

Los datos reflejan una disminución de la participación laboral entre los perceptores del IMV. La probabilidad de trabajar cae 3 puntos porcentuales, equivalente a una reducción del 12%, mientras que los días trabajados disminuyen en torno a 0,6 días al mes, un 11% menos. El impacto es todavía mayor entre colectivos como jóvenes, hogares monoparentales o perceptores de cuantías más elevadas, donde la participación laboral puede reducirse más de un 20%.

El IMV presenta además un importante riesgo de cronificación. El 90% de los beneficiarios permanece más de un año percibiendo la prestación, el 75% supera los dos años y cerca del 60% continúa recibiéndola durante más de tres años. Estos datos muestran que el sistema funciona en muchos casos más como una renta permanente que como un mecanismo temporal de transición hacia el empleo y la autonomía económica.

La complejidad administrativa constituye otro de los principales problemas del modelo. El 68% de los beneficiarios sufre revisiones retroactivas de la prestación, con reintegros medianos de 2.615 euros. Además, el retraso medio hasta recibir la primera ayuda alcanza los 203 días.

La economía sumergida aparece también como un efecto asociado al diseño del IMV. Se estima que entre un 15% y un 20% de los perceptores recurre a ingresos no declarados para evitar perder la prestación, lo que distorsiona el mercado laboral, reduce la recaudación fiscal y dificulta la correcta focalización de las ayudas.

Existen además importantes desigualdades territoriales en la cobertura del sistema. Mientras algunas comunidades autónomas como Asturias superan el 60% de cobertura entre hogares vulnerables, regiones como Cataluña o Baleares se sitúan por debajo del 28%.

El coste acumulado del IMV desde 2020 supera los 22.000 millones de euros, que equivalen aproximadamente a financiar el salario mínimo de 1,3 millones de trabajadores durante un año, construir más de 1.000 kilómetros de líneas de alta velocidad o levantar alrededor de 35 hospitales similares al que se construirá en Málaga.