En un contexto marcado por diversas crisis, sumado a la crisis sanitaria y económica, la presión fiscal sobre las familias españolas ha alcanzado niveles sin precedentes, consolidándose como una característica permanente del panorama económico actual. La combinación de ingresos estancados y una creciente carga tributaria ha mantenido a las economías domésticas españolas bajo una presión significativa, afectando al poder adquisitivo y ascenso social.

En 2023, la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) alcanzó un récord histórico de más de 120.000 millones de euros. Este incremento se debe a un aumento de las rentas totales de las familias y a la escalada en los tramos fiscales. Sin embargo, la falta de medidas para reducir la carga tributaria, ligado al aumento general de los precios y otros impuestos, ha provocado una pérdida del poder adquisitivo de las familias, dificultando el progreso económico de buena parte de los ciudadanos.

La recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) también ha registrado un nuevo récord nominal de 88.000 millones de euros, superando en más de 2.000 millones la cifra calculada en 2022. Este aumento se atribuye a un incremento en el consumo, con la base imponible del IVA creciendo más de 23 puntos en los últimos dos años. No obstante, se observa una recesión en el tipo efectivo devengado debido a la reducción del IVA en bienes esenciales como el gas y la luz, y el cambio en los hábitos de consumo hacia bienes y servicios con IVA reducido, como algunos alimentos y el transporte.

Diferencias notables en la recaudación por Comunidades Autónomas: los catalanes dedican 8 días más a pagar impuestos que los madrileños

El sistema fiscal español permite que la tributación de las personas físicas varíe según su lugar de residencia, debido a la cesión de competencias normativas a las Comunidades Autónomas. Esta disparidad ha sido denominada por algunos sectores como «dumping fiscal», aunque es fruto del ejercicio de la transferencia de competencias otorgadas por la legislación vigente.

En 2024, teniendo en cuenta el informe Día de la Liberación Fiscal realizado por la Fundación Civismo, se necesitan 212 días de renta familiar para pagar los tributos de obligado cumplimiento, situando este Día en el 30 de julio. Este día marca el momento a partir del cual toda renta queda disponible para consumo y ahorro, resaltando la considerable carga fiscal que soportan las familias españolas.

Las cotizaciones sociales netas, que suponen el 60% del pago de impuestos anual en España, se sitúan muy por encima de la media de la OCDE del 47%. Esto implica una presión fiscal sobre el consumo sustancialmente m ás baja que la media europea y de la OCDE, pero mucho más alta en cotizaciones sociales e impuestos directos, perjudicando notablemente a los contribuyentes españoles.

En resumen, la alta presión fiscal en España sigue siendo un desafío considerable para las familias, que enfrentan un entorno de ingresos estancados, inflación y disparidades regionales en la tributación. Es esencial implementar políticas fiscales adaptativas que protejan el poder adquisitivo de los ciudadanos y aseguren un sistema tributario más justo y eficiente.