Estamos, sin lugar a dudas, ante un momento histórico. El coronavirus no solo infectó a las personas sino, prácticamente, a la totalidad de las esferas sociales: la política, la economía e, incluso, a nuestra propia psicología. Nos hemos percatado de que no somos tan invencibles como creíamos y de que la naturaleza tiene poder más que suficiente para coartar una de nuestras libertades fundamentales: la movilidad. Algo inédito en la historia reciente de nuestro país. Un “simple” virus, que ni ser vivo es, puede no solo colapsar la sanidad de un país desarrollado, sino también provocar una grave recesión. Nos encontramos, pues, confinados pero, tal vez, lo peor esté aún por llegar, en forma de un hecho más duradero y que afectaría a muchas más personas: una crisis económica.
Es todavía muy pronto para predecir con máxima fiabilidad cómo se desarrollará, aunque sí podemos afirmar que se diferenciará de la de 2008, por no tratarse de una crisis financiera ni afectar al sistema de pagos. Estamos viviendo un verdadero shock, sobre todo de la oferta -por falta de suministros- y de la demanda (solo salimos a comprar lo imprescindible). Sin embargo, el “crack del 2020” tiene en común con la Gran Recesión un aspecto importantísimo: la incertidumbre. Esta quizás sea la pieza más importante de nuestro puzle. Ahora más que nunca, hace falta que las instituciones aporten confianza y tranquilidad a un mercado histérico y paralizado ante el desconocimiento de qué le deparará el futuro. Más allá de las medidas coyunturales y cortoplacistas, que resultarán, sin un ápice de duda, determinantes y básicas, si queremos salir de este embrollo cuanto antes, que el Gobierno se muestre transparente, previsor y aporte credibilidad constituye condición sine qua non para la recuperación. Y quizás sea esto lo más complicado. No nos cansamos de comprobar, día a día, que el actual Ejecutivo bicéfalo nos miente o nos oculta información de forma sistemática, está absorto en constantes disputas internas y, aún peor, ha priorizado sus intereses partidistas e ideológicos frente a la lucha contra un virus que se ha descontrolado, tras haber desoído previamente todas las indicaciones que daban la OMS y otros organismos. Así, el 8 de marzo alentó a miles de personas a congregarse en manifestaciones y, cinco días más tarde, ya no podíamos salir de nuestras casas bajo riesgo de multa. Ahora, el virus está fuera de dominio y Pedro Sánchez, desbordado. Y todo, por su negligencia. Por ello, más allá de las medidas cuantitativas -económicas-, resulta imprescindible que el Gobierno se tome en serio las cualitativas, a saber, la mejora de las expectativas de los agentes económicos (insuflándoles certidumbre) y una total transparencia, para que puedan tomar decisiones correctas y las inversiones no se desvanezcan.
Si las políticas aplicadas son las correctas, la crisis económica será coyuntural, pero precisa medidas drásticas a corto plazo
Si las políticas económicas que se aplican son las correctas y, en la medida de lo posible, se recupera la confianza en las instituciones, todo parece indicar que la crisis económica y bursátil presentará una gráfica en forma de uve. Esto es, la caída, como estamos comprobando, resultará -lo está siendo- abrupta, pero la recuperación se producirá de igual forma. Así, y aunque todavía es muy pronto para afirmarlo, todo indica que se tratará de una crisis coyuntural, que no se volverá estructural, y que requerirá medidas tan a corto plazo como drásticas. Los factores que influirán en el impacto que el coronavirus tenga en la economía se cifran en: 1) el grado que alcance la crisis, 2) su duración, 3) el tiempo que permanezcan en vigor los mecanismos adoptados, 4) su intensidad y 5) la destrucción del tejido productivo que se ocasione.
Medidas económicas aprobadas por Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno ha dado a conocer una batería de políticas económicas de las que, pese a no estar aún articuladas ni saber cómo se materializarán, sí podemos hacer un primer análisis. Parten de la movilización de 200.000 millones de euros (aproximadamente un 20% del PIB), de los que 117.000 millones proceden del sector público y los restantes, del privado. Se van a emplear de la siguiente manera:
- Una línea de avales a empresas de hasta 100.000 millones. El Estado se erigirá en garante de las operaciones.
- Avales adicionales de 2.000 millones para empresas exportadoras, con mecanismos ágiles.
- Medidas para facilitar la reestructuración de créditos a exportaciones agrarias afectadas por la sequía.
- 30 millones a investigación de vacunas.
- 600 millones para la prestación de servicios básicos a comunidades autónomas y entes locales y, de este modo, garantizar los suministros básicos.
- Moratoria de las cuotas de hipotecas en situaciones de especial vulnerabilidad.
- Blindaje de empresas españolas para que las de fuera de la Unión Europea no puedan hacerse con su control aprovechando sus descalabros en Bolsa.
- Flexibilización de los ERTE: los que se consideren de fuerza mayor se gestionarán rápido. Además, se exonerará del pago de cotizaciones a aquellas empresas que, en lugar de despedir trabajadores, se acojan a ellos.
- Se flexibilizará el acceso de los autónomos a la prestación por cese de actividad y se eximirá del pago de cotizaciones a aquellos que vayan al paro.
No es oro todo lo que reluce
A pesar de que estas medidas fueron celebradas de forma muy positiva por el Ibex 35, que subía ayer un 6,3%, colocándose en los 6.495 puntos a las 16:30 horas, aún quedan muchas incógnitas que resolver y, de no hacerlo, todo esto podría acabar en papel mojado.
En primer lugar, cabe destacar que esa cantidad ingente de dinero (vendida como la “mayor movilización de recursos económicos de la historia reciente de España”) es prácticamente imposible de conseguir. Sánchez ha asegurado que 117.000 millones de euros procederán íntegramente del sector público. Pero tendrá que especificar de dónde saldrán. Solo hay dos posibilidades: endeudamiento o impuestos. ¿Quién, en su sano juicio, cree que Sánchez se endeudará por valor de esa cantidad? O que la conseguiremos vía impuestos. Quedan, por tanto, muchas dudas por despejar.
En segundo, los 83.000 millones restantes provendrán, según el Gobierno, del sector privado. Pero, ¿cómo logrará ese enorme importe de un tejido empresarial paralizado por el coronavirus? Habría que explicarlo.
En tercero, el Estado destina 100.000 millones a avalar los créditos. Es decir, si una empresa afectada negativamente por el coronavirus pide un crédito y no lo puede devolver, el Estado asumirá sus pérdidas. En conclusión, si ninguna empresa solicita préstamos ni tampoco incurre en impago, el Gobierno no tendrá que dar ni un euro. Así pues, esta medida consiste más bien en publicidad barata que en otra cosa.
En cuarto, no hay bajada de impuestos. Es decir, se ha prorrogado el pago fiscal de autónomos, pero ese dinero, tarde o temprano, van a tener que retornarlo. Sin intereses, sí. Pero devuelto.
En quinto, con la excusa del coronavirus, no se puede acudir al auxilio de todos los sectores. Si rescatamos a aquellos ya de por sí inviables, estaremos perdiendo dinero. Si estos resultan insostenibles por estar usando de forma incorrecta sus factores productivos, incurrir en costes innecesarios, no haber innovado, o por cualquier otra circunstancia, subsidiarlos constituirá un absurdo. Pues esos recursos que se estarían empleando de forma incorrecta bien podrían destinarse a proyectos viables a largo plazo y que, con esa liquidez, podrán refinanciarse correctamente.
En sexto, si dedicamos 117.000 millones de dinero público a contener la crisis derivada del coronavirus, tendremos que recortar en otras partidas de gasto público. No podemos gastar en lo mismo que si no se hubiera desencadenado la pandemia. Por tanto, debe haber un compromiso firme por parte del Ejecutivo de que se va a hacer un uso racional y eficiente del dinero público tras haber pasado la crisis (y de que no se va a caer, como siempre, en intereses partidistas e ideológicos, que no harán más que endeudarnos aún más y generar una verdadera crisis estructural).
Y por último, si en algo ha acertado Sánchez es en flexibilizar los ERTE. El Gobierno ha eliminado la obligación de que el empleador tenga que seguir pagando las cotizaciones sociales de su empleado, y se trata de una buena medida.
Pero el resto, a no ser que se nos expliquen, podrían quedarse todas en una mera promesa partidista, que no se materialice nunca, como tantas otras.
