Los gobernantes, en ocasiones, parecen yonkis del gasto público: se endeudan en exceso con la excusa de que “pueden controlarlo” y que son inversiones que tendrán retornos. Luego, la realidad es muy distinta y la deuda aumenta. A pesar de los constantes planes para reducir el déficit, las Comunidades autónomas han acumulado un volumen de pasivos equivalentes al 15,8% del PIB en los seis últimos años. Es decir, lo suficiente como para pagar el gasto público durante todo un ejercicio. El incremento de deuda también se acelera a medida que se acercan las elecciones: fue un 14,2% mayor en 2014 que en 2013. Sin embargo, en estas cuentas públicas descontroladas existen muchas diferencias. Algunas Comunidades disparan el gasto muy por encima de la media y otras lo incrementan más moderadamente, mientras que sólo tres cumplen con los objetivos que se fijaron al principio del ejercicio.
En primer lugar, encabezan el ranking de incremento de la deuda Comunidad Valenciana (que suma un 4,7% del PIB más en obligaciones) y Murcia (4,6%), seguidas de Castilla-La Mancha (3,7%), Baleares y Andalucía (3,1% en ambos casos), Cataluña (2,9%) y Extremadura (2,5%). Esta irresponsabilidad se hace más patente en tanto que la mayoría de estas Comunidades están más endeudadas que la media y no parece importarles. De hecho, en este grupo se encuentran las únicas cuatro regiones donde el endeudamiento ronda o incluso supera ampliamente el 30% del PIB: Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y Baleares. La estrategia del Gobierno de financiar buena parte de los intereses a las CCAA más incumplidoras no sólo no funciona, sino que da alas a los gobiernos manirrotos para seguir disparando sin complejos con la pólvora del rey.
En segundo lugar, nos encontramos a las regiones que no han cumplido con los objetivos marcados para este ejercicio, pero que por lo menos se han mantenido por debajo de la media. Se trata de Cantabria y Asturias (ambas aumentan sus pasivos un 1,9% de su PIB), Aragón y La Rioja (1,8% en los dos casos), Canarias (1,5%), Castilla y León (1,4%) y Galicia (1,2%). Otro punto positivo es que todas ellas se encuentran por debajo de la media nacional (22,4%), ya que oscilan entre el 14,5% de Canarias y el 19,8% de Cantabria. Con todo, no se pueden confiar: casi todas están más endeudadas que Castilla-La Mancha en 2010 (15,6%), cuando se hablaba de que era la Grecia española, y la única razón por la consiguen ocultar su gravedad es porque hay otros quebraderos de cabeza aún mayores. Es más, la sostenibilidad de sus finanzas quedaría en entredicho si la recuperación se truncara o si dejaran de contar con el apoyo nacional.
Finalmente, sólo Madrid, País Vasco y Navarra se han ceñido a los objetivos de deuda que tenían para el pasado ejercicio: apenas acumularon un volumen de pasivos que oscila entre el 0,2% del PIB y el 1,2%. Aunque siguen siendo cifras significativas, las tres regiones pueden empezar a reducir pronto el volumen de su deuda en relación al PIB si sus economías empiezan a crecer con fuerza. El principal problema con el que se enfrentan son las elecciones: dado que las CCAA más austeras se han visto obligadas a subvencionar los desmanes de las más indisciplinadas, resulta difícil explicar a los votantes por qué seguir optando por una gestión más responsable. Si los electores no premian este tipo de comportamientos, será difícil que otras Comunidades no sobrepasen el límite de deuda que se marcaron.
