Alerta roja: España sufrirá un ‘boom’ de jóvenes parados si no combate la precariedad
26 de diciembre de 2020

A falta de unos días para que termine este 2020, que será siempre recordado por la crisis sanitaria derivada del coronavirus, se presentan nuevos desafíos de cara al futuro de nuestro país. La recesión económica es una realidad y traerá diferentes desequilibrios al mercado laboral, especialmente para los más jóvenes. Aunque para el año próximo se estima que se van a recuperar uno de cada tres empleos destruidos por la pandemia, según Asempleo, la tasa de paro juvenil es actualmente la mayor de la Unión Europea, con un 40%.

El Covid ha dejado a España con 643.000 jóvenes menores de 25 años sin empleo en el mes de septiembre, 9.000 más que en el mes de agosto y unos 103.000 más que hace un año, según los últimos datos disponibles. Datos que reflejan un déficit estructural sin precedentes y que reflejan la necesidad de políticas activas de empleo para intentar revertir la situación. Porque uno de cada cuatro jóvenes en paro de Europa tienen pasaporte español, por lo que deberíamos preguntarnos si estamos ante una generación perdida.

Para abordar la situación, el Consejo Económico y Social (CES) ha elaborado un informe sobre el mercado de trabajo entre los jóvenes en España, avalado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En dicho dossier se establecen varios caminos, pero desde la institución priorizan el “diálogo social” como antídoto para solucionar un problema de raíz.

El órgano consultivo del Gobierno, presidido por Pedro Fernández Alén, valora la posibilidad de blindar el ‘Plan de Choque por el Empleo Joven’ y utilizar los fondos de recuperación europeos para evitar un “boom” de jóvenes parados de larga duración en España.

Mejoras en el aprendizaje y sistema educativo

Desde el organismo sugieren revisar las diferentes vías de entrada al mercado laboral y los mecanismos de ajuste en la oferta y demanda. Así, defienden fomentar la Formación Profesional (FP) y avanzar en una mejora de la calidad de la misma para una mayor accesibilidad a las empresas. Por ello, piden que se lleven a cabo reformas en este ámbito, ya que se encontraban paralizadas por la situación parlamentaria de los últimos años.

En este contexto, recogen también que se debe adecuar el aprendizaje en un entorno tecnológico y digital, de tal forma que se puedan identificar las causas por las que los estudiantes eligen menos carreras científicas y tecnológicas y su segregación por sexos, algo que se ha ido, lamentablemente, normalizando en el ámbito universitario durante estos años.

Otra de las propuestas apoyadas por el CES en el documento es la de evitar el abandono escolar y universitario fomentando la importancia de las carreras antes mencionadas, además de implementar un nuevo sistema de becas y ayudas al estudio, pese a las consecuencias económicas de la pandemia.

Políticas activas de empleo

La ministra Díaz cree que en el ‘Plan de Garantía Juvenil Plus’, que actualmente debaten las comunidades autónomas, y en el marco del “diálogo social”. Como defiende, hay que evaluar las políticas de empleo para jóvenes con el propósito de evitar que el paro juvenil se convierta en un problema estructural. En esta línea, el Consejo pide reforzar la Garantía Juvenil para combatir el desempleo entre los menores de 25 años. La fórmula para resolver la ecuación se basaría en promover la contratación indefinida entre los jóvenes, superando los escollos de los contratos en prácticas y formaciones que la mayoría de las veces se quedan en papel mojado.

Yolanda Díaz asegura que “lo que no se invierta hoy en abrir las puertas del mercado laboral a menores de 25 años, se gastará mañana en partidas para el desempleo y subsidios”. Alén, por su parte, defiende la postura de la ministra y añade que “España corre un riesgo de perder una generación de jóvenes ‘ni, ni, ni’, una generación que ni tiene trabajo, ni lo busca ni lo quiere”.

Los jóvenes se enfrentan a un futuro incierto. Según un informe de la Fundación Civismo, la riqueza de los menores de 35 años se ha reducido entre 2005 y 2017 un 93,7% en nuestro país. Sumando la incapacidad de adquirir vivienda, donde un 41% es propietario frente al 69% de 2011, fomentar la creación de trabajos estables para los jóvenes parados podría ayudar a mejorar la situación laboral de cara a los próximos años.

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