El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido como ‘tasa Google‘, gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.
Con esta tasa el Gobierno espera recaudar 1.200 millones de euros. El Ejecutivo argumenta que este gravamen se crea porque hay ingresos obtenidos en España por grandes empresas internacionales a partir de ciertas actividades digitales que escapan al actual marco fiscal.
Pedro Sánchez ya hizo esta propuesta en 2014, cuando estaba en la oposición. Solicitaba una lucha contra la ingeniería fiscal transfronteriza de las tecnológicas, para evitar que pagaran impuestos en países distintos a aquellos en los que prestan su actividad por las ventajas fiscales que estos ofrecen. Reino Unido y Francia también han anunciado que la aplicarán. La UE ha decidido posponerlo hasta 2020 por falta de acuerdo.
Quedan excluidas de la tasa Google del gravamen la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario. Algunos servicios financieros quedan excluidos del impuesto.
El grupo think tank Civismo estimó que esta tasa podría afectar a toda la cadena de valor y que los 20 millones de consumidores del sector digital (particulares, pymes y autónomos) podrían sufrir un sobrecoste de 0,47 euros en cada compra electrónica que realicen.
