El Centro de Análisis de la Sostenibilidad del Modelo Económico (CASME) de la Fundación Civismo, en su preocupación por la situación económica actual, analiza el impacto de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, dos años después de su entrada en vigor. La norma buscaba garantizar el acceso a una vivienda digna, pero ha generado efectos adversos, limitando la oferta y agravando la crisis habitacional.

El fracaso de la movilización de viviendas asequibles, el desajuste entre oferta y demanda, la excesiva burocracia o la falta de incentivos en el sector de la construcción son las principales conclusiones del análisis. Como contrapartida, se propone flexibilizar el mercado, agilizar trámites urbanísticos y fomentar la colaboración público-privada para aumentar la construcción de vivienda asequibles.