El FMI se sumó ayer a los organismos que están mejorando las perspectivas de la economía española. Elevó del 2% al 2,5% la tasa de crecimiento para 2015, todavía tres décimas por debajo que lo que prevé el Banco de España. El FMI suele tener la gentileza de no llevarle excesivamente la contraria a los gobiernos de turno. De hecho, un indicador de que un país tiene graves problemas es que las predicciones del FMI contradigan frontalmente las que formula su Ejecutivo.

El informe de primavera es más optimista que el de otoño porque Europa muestra signos de recuperación. Se puede decir que la economía que no resucita gracias a la combinación de los tres shocks externos que benefician a la Eurozona (financiación barata, depreciación relativa del euro y caída del precio del crudo) es porque no tiene arreglo. Francia, que apenas iba a crecer un 0,4% este año, lo hará un 1,2% e Italia, que sigue resistiéndose a acometer reformas estructurales, pasará de caer un 0,4% a crecer un 0,5%. Incluso Grecia, que ha perdido un tiempo precioso, puede crecer un 2,5% este año.

Sin embargo resulta preocupante que Christine Lagarde reiterara que «la nueva mediocridad», un periodo largo de bajo crecimiento, que vaticinó hace seis meses, nos amenaza con transformarse en la «nueva realidad». El crecimiento sigue provocando casi tanto debate como desigualdad entre los economistas. Lawrence Summers ha pasado de hablar del «estancamiento secular» al «crecimiento persistente sin empleo». Que la parte de la Humanidad que controla más riqueza sea crecientemente más vieja parece haber modificado los patrones económicos al tiempo que la tecnología sigue sustituyendo mano de obra.

El informe más preocupante de los conocidos ayer es el Tax Wage (Impuestos sobre los Salarios) de la OCDE que vuelve a situar a España como uno de los países donde más se penaliza el empleo. Mientras la media de las obligaciones sociales entre los países más desarrollados es del 35,96% en España representan casi cinco puntos más: 40,66%.

La Seguridad Social y su financiación son un problema que a medida que empeore la situación demográfica de España más dolores de cabeza provocará a los gobiernos. Por lo pronto, la asimetría entre su financiación y su gasto continuará. Las bases de cotización nuevas son mucho más bajas que las de antes. De hecho, el Gobierno es tan consciente de que las cotizaciones actúan como un impuesto al empleo que ofrece tarifas planas y exenciones cada vez que quiere dejar de obstaculizar su creación.