No cabe duda de que la pandemia explica que en el último mes el número de fallecidos se haya disparado respecto a lo que viene siendo habitual en pasados años por estas fechas. Pero continúa sorprendiendo que en muchas comunidades esos números no cuadren con los muertos archivados oficialmente por Covid-19. Algo que constata que se siguen haciendo mal las cosas a la hora de contabilizarlos, incluso después de las numerosas polémicas que han existido desde que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha fuera el primero en poner el foco en este problema.
En España, entre el 16 de marzo y el 21 de abril de 2020, murieron 68.666 personas por todas las causas. Lo normal es que entre estas dos fechas hubieran fallecido 41.076. Ha habido, por tanto, un 67% de muertes más de las esperadas, según el último informe del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo). Pero sólo 21.645 están asignadas al Covid-19; y es que aún hay muchos muertos –la mayor parte en residencias– que no son clasificados como víctimas de la pandemia porque faltan test y no se hacen autopsias.
En el MoMo, elaborado por el Instituto de Salud Carlos III, Cantabria sale mejor parada. El incremento aquí de la mortalidad fue de un 36%, al haberse pasado de las 486 muertes habituales por estas fechas a las 664 de este año. La diferencia entre ambas cifras es el exceso (178), un número que cuadra casi a la perfección con los 167 fallecidos oficiales por Covid-19. Incluso encaja con mayor exactitud si se contempla la estimación que ya ha hecho el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) acerca de que existan a día de hoy 13 casos sospechosos de muerte por coronavirus que no han sido comprobados.
El consejero de Sanidad ya lo ha repetido en varias ocasiones: «Nosotros estamos siendo completamente transparentes con las cifras», defiende Miguel Rodríguez. «Puede que hayan existido un casos concretos de desfases de números en otras comunidades como Castilla-La Mancha, pero eso no implica que en toda España tengamos que estar igual. Aquí se dan a conocer a todos los muertos por coronavirus que han dado positivo en los test», remarca. Es algo confirmado también en las principales funerarias de la región, donde se han incrementado los casos pero nunca hasta el punto de colapsar los servicios.
Varias pueden ser las razones por las que Cantabria ostenta esta posición privilegiada por delante de la media nacional. Ocurre que no es una región que cuente con una gran urbe donde se hacine la población. Santander no es Madrid, ni Barcelona; pero tampoco Bilbao, donde los casos se han disparado. Buena parte de la población vive en entornos rurales que han facilitado el aislamiento; y la calidad asistencial, con cuatro hospitales para 581.000 habitantes, es también de las mejores. Todo apunta, según estos razonamientos, a que la región estaría entre las mejor situadas para iniciar una supuesta desescalada asimétrica del confinamiento por territorios.
Desconfinamiento
Todo el mundo parece estar de acuerdo en que la fotografía más fidedigna de la situación de inmunidad de la población española se comprobará cuando se analicen los resultados del estudio de seroprevalencia que iniciará el Gobierno central la semana próxima. Un análisis liderado por la Carlos III que en Cantabria tomará 2.100 muestras representativas de diferentes sectores socioeconómicos. Es, de alguna manera, la forma más clara de constatar cómo de protegida estará la población frente a hipotéticos nuevos picos. «Pero es que no se puede esperar seis semanas a poner en marcha de nuevo el país. Estamos hablando de que la caída del PIB puede alcanzar cifras que superen a las acumuladas por todos los años peores de la crisis financiera de 2008», avanza el presidente del ‘think tank’ Civismo, Julio Pomés. Opina el experto que abrir la mano de manera especial en Cantabria «ayudaría a garantizar el turismo de verano, algo que desde luego beneficiaría a la economía de una región que depende en gran medida de este sector». Sobre todo tratándose de una oferta muy diversificada donde «la variedad de establecimientos rurales, que además permiten tener mayor control de las medidas sanitarias para prevenir el contagio», facilitaría a los negocios reiniciarse sin correr un grave riesgo de contagio.
«No debemos menospreciar el daño económico que podría devenir de este parón de la actividad porque conviene recordar que la economía es la que paga el desempleo, los ERTE, las pensiones y, por supuesto, la sanidad pública», explica Pomés.
Las críticas en sentido contrario son las vertidas por algunos médicos que alertan de la necesidad de mantener medidas estrictas de confinamiento en una región, la cántabra, donde según los últimos análisis de la Carlos III el ritmo de contagios es aún más alto que la media, situándose sólo por detrás de Madrid. Aunque también es cierto que esas cifras, que varían sustancialmente cada día, vienen condicionadas por la mayor puesta en marcha de test en los últimos días en la región, sobre todo entre el personal sanitario y en las residencias de ancianos más afectadas por el Covid-19.