- La acción del gobierno español impactó negativamente sobre el sector del vapeo, que se contrajo en 2020 más que la media europea, provocando además un aumento en la tasa de tabaquismo.
- El sector del vapeo está articulado fundamentalmente a través de PYMES y genera alrededor de 7.900 empleos directos en España.
- En 2019, la población de vapeadores en nuestro país rondó los 600.000 consumidores.
La actividad económica y la creación de empleo en el sector del vapeo se resintieron en el 2020 debido a las restricciones gubernamentales implementadas durante la pandemia, así como por la campaña legal y regulatoria emprendida por las autoridades contra esta actividad. Así se desprende del informe “El sector del vapeo en España y su impacto económico” publicado por la Fundación Civismo.
El estudio analiza un sector surgido en 2009 para dar respuesta a la demanda de productos de nicotina con un potencial de riesgo inferior al del tabaco tradicional. Concretamente, el 93% de los vapeadores fumaban tabaco con anterioridad y más de la mitad (56%) empezaron a usarlo para dejar de fumar. En este sentido, el 83% de consumidores han dejado el tabaco y ahora sólo vapean. De los que siguen fumando tabaco, el 99% ha disminuido su consumo.
A partir de 2016, la población de vapeadores ha ascendido hasta más del doble, alcanzando alrededor de 600.000 consumidores en 2019. En este mismo periodo, el tamaño del mercado creció de 86 millones de euros hasta los 183 millones de euros. Mensualmente, el sector del vapeo cuenta con 1.165.448 usuarios.
En términos de empleo, el sector generó de manera directa más de 7.900 puestos de trabajo en 2019 y 6.700 en 2020, tanto en establecimientos comerciales como en centros de distribución distribuidos a lo largo del territorio nacional.
El sector en Europa
Tanto en la Unión Europea como en España, 2019 fue el año pico para el sector, mientras que el 2020 estuvo marcado por una reducción en el consumo fruto de las restricciones impuestas por las autoridades a raíz de la pandemia de la COVID-19.
El número de consumidores en la Unión Europea pasó de 8.009.000 a 9.476.000 entre 2016 y 2019. Asimismo, España pasó a tener un peso relativo en el total comunitario de un 3,12% a un 5,80% del total, consecuencia del crecimiento del sector. En 2020, la aportación de España al total se redujo ligeramente hasta un 5,16%, al contraerse más que la media europea fruto de la intervención estatal.
En términos de volumen de mercado, el total de la Unión Europea pasó, entre 2016 y 2019, de 1.821 a 2.596 millones de euros.
Los efectos de la regulación sobre el vapeo
A raíz de las intervenciones gubernamentales en el sector, desde el año 2020 se ha observado una caída en su actividad, siendo esta mayor que en la media de la UE. Por un lado, las medidas políticas llevaron al cierre de establecimientos especializados al no ser considerados esenciales durante la pandemia de la COVID-19. Por otro lado, la campaña “El tabaco ata y te mata. En todas sus formas” lanzada por el Ministerio de Sanidad en 2019 se tradujo en debilitamiento del sector.
Estas medidas tuvieron un impacto negativo en el sector del vapeo, que se contrajo más que la media europea, a la par que aumentaron el consumo del tabaco de forma generalizada: un 34% de los consumidores volvieron a fumar o aumentaron su nivel de consumo. Estas personas, que habían dejado el tabaco, pasaron a consumir de media un 38% más de cigarrillos (niveles no vistos desde hace 15 años).
Por otro lado, estas actuaciones no solo distorsionan el mercado, dañan la actividad económica e invaden la esfera privada del ciudadano, sino que además pueden tener consecuencias contraproducentes sobre la salud de la población al limitar el acceso al vapeo como alternativa de riesgo reducido al tabaco. Estos hallazgos son consistentes con el informe Nanny State Index, publicado por Epicenter en colaboración con Fundación Civismo, el cual demuestra que, allá donde se aplica una política más restrictiva con el vapeo, un mayor porcentaje de población fuma tabaco. Al mismo tiempo, se pone de manifiesto que no existe correlación alguna entre el paternalismo estatal y la esperanza de vida de la población.
En contraposición a España, destacan estrategias como las seguidas por Reino Unido, donde se pretende acabar con el consumo de tabaco en el año 2030. Para ello, se ha abogado por promover el uso de dispositivos de vapeo como herramienta para reducir el tabaquismo, aplicando políticas basadas en datos científicos y en posiciones de entidades como el Royal College of Physicians o Public Health England. Además, su política general excluye la equiparación del vapeo al consumo de tabaco.