Se denomina pobreza energética a la situación en la que un hogar es incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente para satisfacer sus necesidades domésticas, y/o cuando se ve obligado a destinar una proporción excesiva de sus ingresos a pagar esta factura. El índice europeo de pobreza energética (EEPI), elaborado por Open Exp, da mayor puntuación a los países con menor pobreza energética.

España se sitúa por encima de la media de la Unión Europea, en un honroso décimo puesto. Según la Comisión, el 11% de los hogares de la UE no pueden calentarse adecuadamente y a un coste asequible. Se estima que esto afecta a alrededor de 54 millones de ciudadanos, concentrados sobre todo en los países del sur y el este, con Hungría ocupando la peor posición.

Este importante problema viene provocado por los elevados precios de la energía, los bajos ingresos de los hogares y la falta de eficiencia energética. Según los últimos datos de Eurostat, el precio de la electricidad en España es el tercero más alto de la UE, con 0,189 euros por kWh, solo por detrás de Irlanda (0,203 €/kWh) y Bélgica (0,195 €/kWh). En el extremo opuesto se halla, paradójicamente, Hungría, el país donde resulta más barata, junto con Polonia (ambas 0,088 €/kWh) y Lituania (0,095 €/kWh).

En España, la culpa del alto coste del kilovatio no la tienen las compañías, sino una política energética desacertada, marcada por errores como las excesivas primas a las renovables, que encarecen un 18% el recibo de la luz. De los demás conceptos de la actual factura, el 33% corresponde al coste de la energía (si se eliminase el impuesto, sería el 28%); el 18%, a las redes; el 22%, a los impuestos, y el 9%, al déficit de tarifa.

Este último coste es consecuencia del endeudamiento que se permitió asumir a las eléctricas para que no subieran los precios y cumplir así los criterios del tratado de Maastricht. Así, entre 2000 y 2013, el precio de venta del kWh fue inferior al coste de producción. La deuda generada ascendió a 40.300 millones, de la que aún queda por pagar la mitad. Esto hará que, hasta 2028, cada uno de los 28 millones de clientes tenga que abonar 755 euros de media.

La responsabilidad de abordar la pobreza energética, reconocer a los usuarios vulnerables y poner en práctica las medidas pertinentes recae en los Gobiernos nacionales. Sin embargo, un tercio de los países de la UE ni siquiera admite tener ciudadanos que sufran este problema, y otros no los identifican ni cuantifican sus necesidades.

La clave para tratar este tipo de pobreza pasa por la adopción de medidas para aumentar la eficiencia en los edificios que más energía disipan. Para ello, resultaría oportuno establecer incentivos fiscales a las inversiones destinadas a ahorrar energía en los inmuebles, pues estos consumen el 40% de aquella y, además, son responsables del 36% de las emisiones de CO2.