El sistema de pensiones español es insostenible y los números no salen. Esa es la realidad. La financiación de las pensiones únicamente puede ser corregida con reformas de calado. Reformas que igualen a las alcanzadas en el Pacto de Toledo.
Así concluía el estudio realizado por el Tribunal de Cuentas, así como otros informes. Porque el sistema de pensiones, pese a estar reconocido por la Constitución española en su artículo 41, no cuenta con capacidad de sostenerse en el largo plazo. Y las reformas superficiales solo sirven para postergar el problema.
Estamos ante unas pensiones que, por el momento, están teniendo que ser sufragadas con deuda.
En primer lugar, el declive de Europa, que es el fenómeno mediante el cual se observa un notable envejecimiento demográfico en las economías desarrolladas europeas, comienza a hacerse cada vez más presente en la economía española. El número de pensionistas en el país no deja de incrementarse año tras año, previendo picos futuros que podrían poner la guinda al pastel. Picos de jubilación que, atendiendo a la situación, podrían llevar la tasa de dependencia, que muestra la relación entre cotizantes y pensionistas en el país, a la paridad para el año 2050.
Es decir, una situación en la que el número de cotizantes, con relación al número de pensionistas, sea de 1-1.
El gasto subió un 85%
Desde la firma del Pacto de Toledo, el gasto en pensiones se ha disparado en España en un 85%. Desde el año 2000, año en el que se crea el Fondo de Reserva para las pensiones en España, el gasto de las pensiones en los presupuestos generales del estado, como porcentaje de gasto público, ha pasado de ser un 28%, en el año 2000, a representar cerca de un 40% en el año 2019.
En este sentido, el presupuesto ha ido creciendo con el paso de los años, pero el peso de las pensiones en él ha crecido de forma proporcional, de tal forma que su peso en los presupuestos ha seguido ensanchándose, creciendo a un mayor ritmo ese gasto en pensiones que, en contraste, el presupuesto del país. Tanto es así que, a fecha de 2019, el gasto en pensiones, teniendo en cuenta las 14 pagas distribuidas en los 12 meses de 2019, llegó a los 135.163 millones de euros, un 6,11% más que los pagos por pensiones públicas de 2018. Un incremento absoluto de 7.788 millones de euros, según los datos distribuidos por la Tesorería de la Seguridad Social.
Dos de cada diez euros
Tanto ha crecido el gasto en la última década que, del nuevo presupuesto que se ha ido generando con el crecimiento económico y la mayor recaudación, el 80% se lo ha ido llevando la partida que suponen las pensiones dentro del mismo. En este sentido, las pensiones ya representan la mayor partida de gasto público dentro de los presupuestos, con un coste que habiendo quedado reflejado anteriormente, compromete el 20% de la suma de gasto público que ejerce España a lo largo del año. Es decir, dos de cada diez euros que destina España a gasto público, en estos momentos, se destinan al pago de pensiones.
Este gasto sitúa a España medio punto por encima del promedio de la UE, así como un punto completo por encima del nivel europeo.
Además, la proyección que realizan los principales organismos refleja que España, de no adoptar reformas, ya sea por la vía del ingreso o por la vía del gasto, prevé seguir ensanchando el gasto en pensiones con el paso del tiempo. De esta forma, estableciendo un mayor porcentaje de recursos públicos que, ante las proyecciones, deberán ser destinados al pago de pensiones. Por tanto, comprometiendo el presupuesto futuro de la economía española hasta que, tras la reforma, se puedan establecer nuevos sistemas que permitan ir reduciendo ese peso.
Es por ello que España precisa de un nuevo modelo para financiar las pensiones.