El progresivo desmantelamiento de los controles institucionales al poder, la creciente injerencia del Estado en la economía y en la sociedad, la destrucción de la igualdad ante la ley en pos de un identitarismo colectivista han erosionado los cimientos de la democracia liberal en España durante el quinquenio negro presidido por el Gabinete social-comunista.

Ahora, la izquierda pretende dar un paso adelante cuyo resultado sería destruir los restos del marco de convivencia construido por los ciudadanos de las Españas al final de la Dictadura. En una democracia liberal, cualquier formación política tiene el derecho a plantear lo que estime oportuno, trátese de una amnistía o de la independencia de una parte o partes del territorio del Estado. Se puede estar o no de acuerdo con esas pretensiones, aceptarlas o rechazarlas. Ahora bien, cualquier iniciativa en esa dirección ha de producirse dentro de la Constitución y del ordenamiento legal. Si éstos no permiten avanzar por ese camino, la única opción legítima para lograr esas metas es reformar la Ley de Leyes a través de los mecanismos establecidos por ello. No basta un apoyo parlamentario amplio o precario para hacerlo. Eso es dictadura de la mayoría. La situación actual en las
Españas no es la de un Gobierno, el saliente, que ha presentado y tiene un proyecto de cambio, bueno o malo, da igual, sino que está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. No se trata, equivocada o
acertadamente, de llevar a cabo una reforma profunda o radical de la estructura del Estado con la finalidad de garantizar un horizonte temporal de estabilidad y de concordia, sino de conseguir como sea el apoyo de un
Prófugo de la Justicia, cuyas exigencias son anticonstitucionales, para lograr ser investido. Pero esta maniobra tendría una cierta dignidad y coraje si se pretendiesen satisfacer las pretensiones del líder de Junts mediante una
reforma de la Constitución. Como no da tiempo ni cuenta con la mayoría parlamentaria, seguida de un referéndum, el Gobierno pretende amnistiar
por la puerta de atrás. Las amnistías tienen sentido cuando finaliza un sistema dictatorial o termina una guerra civil y se transita a una democracia. Este fue el caso de España en 1977. Sin embargo, como ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Supremo en 2013: el “derecho
de gracia” se limita a los indultos particulares al excluirse del mismo los de
carácter general como la amnistía. Por añadidura, amnistiar a quienes han
cometido un delito, como hicieron los encausados por el procés, supone en palabras del Alto Tribunal “impunidad disfrazada de ley de punto
final”. No se castigó a los sediciosos por expresar con libertad sus opiniones, por defender la causa de la independencia, sino por sus actos que quebraron la ley y la Constitución. No es un asunto político sino penal. Junts, ERC y otras formaciones independentistas no han tenido ni tienen restricción alguna para propagar sus mensajes y siempre han podido competir en las elecciones. Por lo que se refiere a ejercitar el derecho a independizarse, la autodeterminación es un criterio ambiguo y
subjetivo, cabe aplicar un análisis similar. La Constitución española no permite su ejercicio y, por tanto, para lograr esa meta hay que reformarla, obviamente conforme al procedimiento fijado en la Ley de Leyes. Esto
se hizo en Canadá con la Clarity Act, de 2000 o, más recientemente, en Suiza con la secesión de Jura del cantón de Berna, previa modificación de
la constitución de éste. Por añadidura, en ambos casos, la materialización de la independencia exige mayorías cualificadas a su favor tanto de participación como de voto favorable a ellas. Si se considera factible o
deseable permitir que los ciudadanos de un territorio X de las Españas puedan independizarse del Estado del que forman parte, la misma
lógica debería aplicarse a las zonas del nuevo Estado que no desean formar parte de él.
Esta sería la única forma de garantizar los derechos y libertades de los individuos. De lo contrario se convertirían en minorías oprimidas o deberían verse obligadas a emigrar o ser deportadas como sucedió en el centro-este de Europa al final de la Primera Guerra Mundial. Este es un elemento que tiende a olvidarse cuando se aborda la cuestión de la independencia. Sin duda, Pedro Sánchez tiene una gran responsabilidad en la situación creada en las Españas y es innecesario explicar las razones, siempre personales, que le han llevado a actuar como lo hace. Ahora bien, el gran culpable de esta deriva hacia el caos es el PSOE. Sus dirigentes han
respaldado y respaldan la estrategia de su líder por cobardía, por temor y por gozar o no perder las mieles ofrecidas por el poder. Sólo han emitido críticas quienes están fuera de la política activa o no perciben o esperan
percibir beneficios del Gobierno. Sus palabras quizá tengan alguna autoridad moral, sean un eco de responsabilidad, pero no parecen tener ningún resultado práctico. Las Españas se encuentran en una encrucijada dramática.
Si el Frankenstein 2 logra reeditar su Gobierno, la trayectoria de esta vieja
Nación de Naciones, como dirían los maestros Jover y Seco Serrano, entrará en una dinámica de descomposición estructural, acompañada de un escenario económico muy negativo y de una creciente fractura social. Estos revolucionarios sin sistema nos conducen hacia el precipicio.