Uno de los temas que se han convertido en protagonistas de la actual campaña electoral es la dimensión del sector público. Desde algunos partidos se insiste en que ésta es excesivamente reducida y en que, con un aumento del gasto –y naturalmente con el correspondiente aumento de la presión fiscal para financiarlo– se podría mejorar de forma notable nuestro Estado del Bienestar. Y se utiliza, con frecuencia, el argumento de que el gasto público español es inferior al de los países más avanzados de Europa. Por ello es importante, antes de llegar a una conclusión, analizar los datos que confirman o rechazan esta idea en función de las naciones elegidas para la comparación.
El criterio más utilizado en este tipo de análisis es la ratio entre Gasto Público y Producto Interior Bruto (GP/PIB). La cifra de esta ratio para España (datos de 2017) es el 41%. ¿Es esto mucho o poco? Depende. Si comparamos nuestra situación con la de países como Francia o Bélgica –que están por encima del 50%– o con naciones como Italia o Portugal –que están por encima del 45%–, la cifra española es relativamente baja. Pero si la comparamos con otros países, el resultado que se obtiene es muy diferente. La ratio GP/PIB de España es, aproximadamente, la misma que en Reino Unido (41%). Y está significativamente por encima de la de Estados Unidos (34,8%) y de la de Suiza (34,2%). Y a gran distancia del que es, seguramente, el país más dinámico de la UE, Irlanda, cuya ratio es del 26,3%. La pregunta es, entonces, ¿a qué países queremos parecernos, a Francia e Italia o a Suiza e Irlanda. Si analizamos la evolución económica de estos países en los últimos años, no consigo entender, sinceramente, que tomemos como modelos a Francia e Italia.
Nivel óptimo
Los economistas han discutido durante mucho tiempo si existe un nivel óptimo de gasto público en relación al PIB de cada país. La respuesta más razonable es que el óptimo se encuentra en aquel punto en el que el beneficio marginal del gasto público –que decrece a medida que aumenta éste– iguale al coste marginal de dicho gasto –que es mayor cuanto más elevado es el nivel del gasto público–. Es decir, el gasto público debería dejar de crecer cuando una unidad adicional de éste tenga un coste marginal mayor que el beneficio marginal que genera. Resulta muy difícil, ciertamente, determinar con precisión tal punto. Pero lo que este sencillo modelo deja claro es que el hecho de que un aumento del gasto –por ejemplo, en sanidad– genere beneficios a los usuarios no significa que esté justificado, porque los costes que supone incrementar la presión fiscal pueden ser mayores que dicho beneficio. Y cuando un país con una ratio GP/PIB determinada se plantea elevar su gasto público, tiene que pensar seriamente en cuál puede ser la relación coste-beneficio de un aumento de dicha tasa.
Algunos parecen creer que mientras el Estado pueda seguir haciendo de Robin Hood, quitándole dinero a los ricos para dárselo a los pobres, debe hacerlo. El problema es que este argumento se basa en una idea equivocada: la que afirma que, aunque no es conveniente que intervenga demasiado en la organización de la producción, el Estado tiene capacidad para determinar cómo se distribuye el valor de dicha producción sin ocasionar problemas en la generación de riqueza. Elevar el gasto público y la presión fiscal sin valorar adecuadamente sus costes y beneficios puede ser muy perjudicial a la economía si se ha superado el punto óptimo. Y tenemos muchos argumentos para defender la idea de que, en gran número de países ese nivel óptimo ha sido superado desde hace ya mucho tiempo.
¿Por qué entonces esta obsesión por hacer crecer el nivel del gasto público en un país como España, cuyo Estado no tiene la eficiencia como una de sus características? Un resultado bien conocido de la teoría de la elección pública establece que un aumento del gasto público tiende a elevar las probabilidades de reelección de un gobernante en el poder; o de facilitar la llegada al gobierno de un partido en la oposición, si consigue convencer a los votantes de que cada uno de ellos va a recibir los beneficios de los nuevos servicios y que el coste, en cambio, va a ser soportado por otros. Pero uno de los efectos de esta política es hacer que los sistemas democráticos generen de forma sistemática déficits presupuestarios; y por ello es necesario que existan normas de carácter constitucional –o cuasi constitucional– que limiten la discrecionalidad de los gobernantes en política económica.
Tratar de ganar votos elevando el gasto público es una tentación permanente para los políticos, a la que pocos saben resistirse. Pero, para el votante, el regalo puede resultar envenenado. Lo que ocurre es que sólo llega a ser consciente de ello cuando se da cuenta de que conseguir que sean otros los que le paguen su parte de la factura no es tan fácil como le prometieron antes de las elecciones.
