Como ya se ha encargado de asegurar el Gobierno, enero es uno de los peores meses del año para el mercado laboral español. Y no les falta razón, si bien esta aseveración no consigue maquillar un dato que se desprende irrevocablemente de la estadística que conocemos hoy: el paro creció en 90.248 personas el mes pasado. Esto es, se produjo el mayor aumento desde 2015, cuando lo hizo en 77.000. Es más, en términos relativos, hay que remontarse dos años más, hasta 2013, para encontrar un retroceso mayor que el experimentado este enero, cuando se cifró en el 2,85%.

A esta estadística nacional se le ha de sumar la tesitura en la que parece vivir el sector primario en España, muy especialmente el agrícola, hoy en pie de guerra por el incremento de los costes laborales y la imposibilidad de subir precios. Y hacen bien en elevar su voz en forma de protesta y reivindicación, pues no es casualidad que se trate del sector en el que más creció el paro en enero en términos relativos (un 6%). Es una de las consecuencias no intencionadas, aunque sí advertidas innumerables veces, del aumento del salario mínimo interprofesional, que, de nuevo, perjudica precisamente a aquellos a los que dice querer ayudar. Socialismo en estado puro. También reconocible como marca de la casa la justificación que acaban de dar desde el Gobierno: la mala cosecha de la aceituna tiene la culpa de que el empleo en el campo se haya reducido 15 veces más de lo que acostumbra a hacerlo en enero. Business as usual.

A la luz de estos datos, cualquiera se replantearía los cambios que el Gobierno de coalición quiere aplicar a la reforma laboral de Rajoy; pretendidos retoques que, sin embargo, constituyen prácticamente una enmienda a la totalidad. El deseo de liquidar una ley nociva, en este caso para el mercado de trabajo, siempre resulta loable… pero no es el caso. Más bien al contrario, pues se cumple aquello de que no toda reforma desemboca en algo mejor, como no todo ‘progresismo’ trae consigo un progreso cierto. Y esto dejando de lado la situación de incertidumbre que se abre en el plano jurídico a la vista de las pretensiones que se han planteado desde La Moncloa para con el frágil mercado laboral español, camino de convertirse (de nuevo), en un enfermo crónico.

En definitiva, parece que la maquinaria de destrucción de empleo del socialismo (hoy servido como plato combinado con una ración de comunismo) ha vuelto a ponerse en marcha. Enero se ha saldado con la fulminación de 244.000 puestos de trabajo, más de la mitad de todos los que se crearon en 2019. Sin embargo, frente al precipicio situado a pocos metros, la izquierda se empeña en apretar el acelerador, abogando por reformas mayores (y, en este caso, más dañinas) para la regulación de nuestro mercado laboral. Quizá más adelante el Gobierno ofrezca también una solución al problema que ha generado: prestaciones sociales más elevadas, subsidio y paro. La izquierda suprime trabajo (que equivale a libertad) y da subsidios. Eso también es socialismo, igual que el hachazo fiscal necesario para financiar la fórmula mágica anterior. Padezcamos lo votado.