Tomé como una frivolidad propia de un mitin de campaña electoral la afirmación de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio: “A ver si piden perdón todos esos profetas del desastre”. Posteriormente, ante unos buenos datos del empleo en mayo, me sorprendió que la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, declarase: “No digo yo que pidan perdón, como ha dicho ya la ministra, no me voy a meter en esos términos, pero lo menos que podría hacer el Banco de España es asumir su error”.
Lamentablemente, el gobernador del Banco de España (BdE) y su Servicio de Estudios no se equivocaron cuando, a partir de un análisis riguroso, estimaron que la subida del 22,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) destruiría un 0,8% de puestos de trabajo. No hay que ser catedrático de Economía para darse cuenta de que los efectos de esa abrupta alza no se iban a dejar sentir en cuatro meses. Hará falta que pase un año, al menos, para poder evaluar las consecuencias de la medida. Valerio y Valdeolivas o desconocen que el tiempo transcurrido es insuficiente para efectuar valoraciones, en cuyo caso reflejan una grave incompetencia para el desempeño de sus altos cargos; o si lo sabían, están haciendo algo peor: desprestigiar, a sabiendas de que no tienen razón, al Banco de España, con el objetivo de quedar ellas bien. Todo un puro postureo de corte populista.
Se trata de una evidencia empírica el que, con el nuevo SMI, desaparecerán los puestos de trabajo que dejen de ser rentables para el empresario, quien, además, soporta un mayor ascenso del coste, debido a su contribución a la cotización a la Seguridad Social. También es un hecho irrefutable que esta subida hará perder competitividad en los mercados internacionales, y de modo especial, en los sectores con menor valor añadido. Además, está demostrado que, cuando el SMI resulta excesivo, la economía sumergida crece. Lo peor de esas tres aseveraciones, irrebatibles, reside en que los parados que generará la medida serán los trabajadores con menores cualificaciones profesionales y, por ello, con mayor dificultad para encontrar trabajo.
Estas desafortunadas declaraciones de dos altos cargos públicos hacia uno de las pocas grandes instituciones independientes del Estado me han dejado preocupado. Desacreditar, sin fundamento suficiente, al Servicio de Estudios del Banco de España, el más competente del país, constituye una acción impropia de la supuesta responsabilidad exigible a una ministra y a una secretaria de Estado. Antes que una censura pública, lo procedente habría sido desarrollar una investigación seria sobre las repercusiones de una medida que, nadie lo duda, fue adoptada por razones electoralistas. No sólo el Banco de España ha pronosticado que el nuevo SMI destruirá empleo. También han sacado una conclusión similar la mayoría de organismos nacionales dedicados a la investigación económica, así como los extranjeros, entre los que cabe destacar el Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit GmbH (IZA) de Bonn.
Si inquietante resulta la ligereza en sus declaraciones de esas dos políticas relevantes, más alarma causan las decisiones económicas del Ejecutivo relativas al gasto público. Por ejemplo, el incremento de las pensiones, que no viene respaldado por una memoria de ingresos rigurosa y que, además, desatiende las cautelas que recomiendan desde Bruselas. A veces, parece que hemos retrocedido a 2007, y que estamos, de nuevo, en el año previo a otra crisis, quizá menos explosiva, pero más persistente, pues la economía de la zona europea languidece y no será suficiente y mantenible la buena marcha de nuestro consumo interno. Las declaraciones de Valerio y Valdeolivas me recuerdan a las de los ministros más optimistas del Gobierno de Zapatero, esos que ocultaron la crisis. Ya que no el Banco de España, ¡ojalá sea yo quién me equivoque!
