La invasión de Ucrania por parte de Rusia le ha servido a Sánchez para tratar de justificar la subida de precios de suministros básicos; luz, energía, carburantes,…, y ya ni los más afines a Moncloa creen el relato de un presidente que dice ir a Bruselas a por la estéril “solución ibérica a la isla energética”, que ya veremos si es aceptada por los socios comunitarios, cuya misteriosa puesta en escena ha sido eclipsada por el bofetón de Will Smith a Chris Rock.
Desde el gobierno se da por sentado que los españoles nos conformaremos con “la paguita” de 15 céntimos por litro de carburante. Y que, en estos momentos llenos de incertidumbre y nerviosismo, acataremos ciegamente sus indicaciones y aumentos de impuestos, puestos en sordina, pero latentes en el alma del ejecutivo.
Bajo el sobrenombre de “implantación gradual”, tiene lugar una maniobra gubernamental de camuflaje para seguir exprimiendo los exiguos bolsillos de los contribuyentes. Y bajo la excusa de la protección del medioambiente, los tributos no paran de subir, cuando la verdadera realidad, aquella que Sánchez conoce, pero trata de esconder, es que muchas familias se encuentran ya en la extenuación económica, los agricultores se desesperan por dar salida a sus suministros, y los transportistas se ven en la necesidad de lanzarse a las calles con huelgas encubiertas.
La medida anunciada por el gobierno propone una subvención de 15 céntimos por litro de carburante, mientras que las estaciones de servicio deben asumir 5 céntimos adicionales. Esta propuesta, además de evidenciar la política “de amiguetes” de este gobierno, muestra el desinterés por dar una solución eficaz al problema, pues asistimos a un momento drástico de espiral inflacionista, en el que el coste de los transportes contribuyen enormemente al alza de precios de la cesta de la compra.
En un mercado de libre competencia, Repsol, BP y Cepsa aprovechan la coyuntura y se sumergen en una carrera de descuentos ante el embotamiento de los transportistas, llegando a descontar hasta 14 céntimos por litro a los fletadores profesionales, y 12 céntimos en el caso de los conductores particulares. Haciendo difícil distinguir si la caída de precios es efecto del mercado o por imperativo del gobierno.
Desde el sector, y según los datos ofrecidos por la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), se considera que existe un margen para rebajar los precios, ya que casi el 50% del precio final de los carburantes son impuestos, el 35% son costes al por mayor, y el 15% restante, costes de distribución y comercialización. Así que, si el gobierno quiere dar una solución eficaz debería bonificar el impuesto especial sobre hidrocarburos y el IVA que grava con un anacrónico efecto piramidación el precio final del carburante. Y nuestra factura final se vería reducida sustancialmente.
Los españoles nos preguntamos ‘’qué más necesita el gobierno para reaccionar’’. A qué espera Montero para dar una respuesta válida a la enorme crisis en la que nos estamos sumiendo.