La de Sánchez parece una checklist de lo más cara, si bien él marca con una tranquilidad pasmosa cada casilla, sabedor de que, indiferentemente del coste, la factura la pagará España y no él. Así, esta semana ha tocado cumplir con la promesa realizada al PNV para lograr su apoyo en la investidura. Seis míseros votos que valen una legislatura y cuyo precio es la igualdad de los españoles, pues, aunque la cesión de la gestión económica de las cotizaciones y las pensiones a País Vasco no atente estrictamente contra el criterio de caja única, sí rompe la unidad de derechos que la Seguridad Social blinda para todos los españoles, sin distinción.
El Gobierno de coalición no tiene criterios claros porque estos le impedirían la flexibilidad incoherente que tan a mano le viene. Y, en los pocos casos en los que parece contar con un discurso nítido y un rumbo fijo, se lo salta si las circunstancias así lo requieren. Las suyas, claro está. Así ha quedado reflejado en que conviva sin gran estorbo la llamada a la homogenización a nivel nacional en lo relativo a los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio, junto a la descentralización de las competencias de la Seguridad Social en el caso vasco. Una incongruencia que resultaría sorprendente si no se tratase ya de una práctica habitual, tal como vimos en la competición fiscal al alza en materia de economía digital respecto al resto de socios de la Unión Europea. El ya archiconocido pin parental constituye otro buen ejemplo. Hoy armonización, mañana desarmonización. Y todo sigue igual.
A esta contradicción compulsiva se le une el problema de que los indeseables de diversa procedencia imiten las “buenas praxis” de sus homólogos. Así, todo parece apuntar a que el Gobierno Vasco está tomando buena nota de la transferencia a Cataluña de la gestión penitenciaria con los políticos presos, por lo que se vislumbran cambios para los etarras encarcelados. De forma similar, ahora resta por ver si en Cataluña no habrá movimientos, dado que se ha abierto la puja por quedarse con la Seguridad Social, para continuar disolviendo el Estado y abriendo brechas en la igualdad con que la ley trata a los españoles. “Se admiten sobornos”, parece insinuar Sánchez a todos los que quieren hacer de España un mero ente abstracto y residual en sus territorios. Y lo que durante la campaña electoral hacía tras el telón, ahora lo hace con luz y taquígrafos sobre una mesa de negociación bilateral, como la que tendrá lugar mañana para vergüenza de este Gobierno mercenario.
Sin embargo, nuestro país no solo se está difuminando hasta parecer un borrón inidentificable a cuenta de la persistencia destructiva de Sánchez y de sus socios en La Moncloa. Muy al contrario, la responsabilidad es extensible a muchos votantes que observan impasibles cómo les tomaron el pelo con promesas que no se materializaron, mientras que afinidades que tantas veces fueron negadas luego se han hecho realidad. También son responsables decenas de dirigentes regionales socialistas, senadores y diputados, a los que muchos dedicamos una mirada de denuncia y súplica a partes iguales, conscientes de que el nacionalismo, así como otros muchos problemas, no se solucionarán hasta que la izquierda constitucionalista, si algo queda de ella, salga del sumidero por el que cayó hace ya demasiado tiempo.
