La Agencia Tributaria ha anunciado que doblará el plus de productividad a los inspectores. Cada hora adicional la pagará hasta 550 euros si los inspectores cumplen objetivos, lo que puede suponer 11.000 euros extras. ¡Todo un chollo y sin arriesgar el propio dinero como hacen esos pardillos empresarios! Oficialmente, el incentivo se establece para perseguir la economía sumergida. Sin embargo, el interés de Hacienda es otro: aumentar la recaudación para hacer viable al hipertrofiado estado de Bienestar que nos han montado. La persecución a los defraudadores más dañinos para la sociedad interesa poco, si exige invertir en una incierta investigación.
En la práctica lo que va a conseguir el nuevo «bonus» es que los inspectores, sin escrúpulo alguno, se aseguren su plus salarial. Así, intentarán recaudar la máxima cantidad de dinero con el mínimo esfuerzo. De ahí que una buena ingeniería fiscal ahuyenta más a un inspector, que ser un particular normal de renta alta o una empresa con muchos beneficios. Hacienda no repara en gastos cuando invierte en software para detectar cualquier hecho sospechoso mediante el cruce de las múltiples informaciones que posee. Ahora un inspector puede solicitar los movimientos de sus cuentas, los destinatarios de sus transacciones, el detalle de la tarjeta de crédito, los viajes, etc. Cualquier rastro electrónico que usted deja lo aprovecha Hacienda para interpretar como fraude lo que ha sido legal.
Hay inspectores que levantan actas sin motivo suficiente. Saben que su víctima se arrugará ante su habilidad intimidatoria y pedirá negociar. Con frecuencia, el contribuyente medio prefiere tributar una cantidad adicional indebida antes que enfrentarse. Si todos litigáramos habría menos extorsiones legales. Sin embargo, el mejor remedio es otro: que cuando el contribuyente tenga razón el inspector pierda su «bonus» y Hacienda abone los gastos en que ha incurrido el contribuyente para defenderse. ¿Para cuando una ley que penalice tanto abuso?
