La economía china da un paso más en el proceso de reforma de su estructura productiva. En la apertura de la Asamblea Nacional Popular de este año y en el marco de su informe inaugural, el primer ministro chino, Li Keqiang, ha dibujado un estado de la situación advirtiendo tanto de los efectos positivos como negativos de la transformación del gigante asiático, y especialmente expresó la necesidad de blindar el proceso ante riesgos tanto externos como internos. Desde los tiempos de Deng Xiaoping, el objetivo número uno es la “reforma”, algo que no pueden perder de vista los mandatarios actuales, sabedores de los efectos perniciosos que depararía paralizar las reformas o que el proceso se les vaya de las manos como sucedió en 1989-1990.

Estrategia compleja

En este sentido, el Gobierno chino ha desplegado una estrategia extraordinariamente compleja como es suavizar los efectos negativos de corto plazo de la bajada del crecimiento económico esperado (cercano al 6 por ciento en los próximos años) aplicando una política fiscal expansiva por la vía de los impuestos y una política monetaria acomodaticia, a sabiendas de que perjudica a la balanza de capital y, por tanto, a la cotización del renminbi-yuan y la posición inversora de China en el exterior. La complejidad reside, sobre todo, en compatibilizar un saneamiento en profundidad de la economía basado en una quiebra ordenada de los sectores tecnológicamente anquilosados, endeudados de forma insostenible (un reciente papel de B. Ferrarini y M. Hinojales para el Banco Asiático de Desarrollo y Moody’s elevan el total de deuda de las empresas de titularidad estatal al 115 por ciento del PIB, de la cual el 20 por ciento tendría un alto riesgo de impago) y controlados por las estructuras del Partido Comunista y las provincias, sin que esto provoque, por un lado, una revuelta social y, por otro lado, un coste económico que llevara a China a un “aterrizaje forzoso” de su economía.

Freno a la internacionalización

Para conseguir semejante objetivo, el Gobierno chino ha concentrado los esfuerzos en políticas internas, frenando a sabiendas el proceso de internacionalización de las empresas y aplicando medidas expansivas de política fiscal. Así, el primer ministro Li ha anunciado una fuerte bajada de impuestos indirectos, los cuales suponen el 56 por ciento del total de la recaudación en China (7,7 billones de yuanes, lo que equivale a 1,07 billones de euros) y que suponen, en la práctica, la mayor fuente de presión fiscal para ciudadanos y empresas en China. Dentro de la categoría de impuestos indirectos, el más importante es el IVA, la figura que más recauda y que supone el 32 por ciento del total de la recaudación en el último año con datos disponible (2015).

Dada la enorme dispersión de la actividad y las dificultades de articular un sistema fiscal flexible y estable, el IVA es el instrumento más eficaz de recaudación y control tributario y, por tanto, en el instrumento de intervención fiscal más efectivo de que el Gobierno dispone. Evidentemente, teniendo en cuenta la rigidez del gasto público, una bajada de los impuestos supondrá a corto plazo una reducción significativa de la recaudación y, por consiguiente, un aumento del déficit presupuestario.

En una economía como la china, este factor no es preocupante, incluso en términos de inflación, cuyo efecto es más bien a la baja, dado que el IVA es un impuesto ad valorem.