«La voracidad liberticida del Gobierno más intervencionista de nuestra democracia no conoce límites. Tras la aprobación de un estado de alarma inédito, con una duración de 9 meses; de una ley educativa que ataca directamente contra cualquier opción que no sea por la controlada desde el poder gubernamental; o una salvaje subida de impuestos que pone en jaque varios sectores clave de nuestra economía, por poner algunos ejemplos, la intervención del mercado del alquiler podría ser el próximo objetivo del Gobierno de España», señalan en un manifiesto un gran número de organizaciones liberales.
Desde los Think Tanks, organizaciones y medios de divulgación de las ideas de libertad: Acción Liberal, Fundación Civismo, Fundación para el Avance de la Libertad, Students For Liberty España, Alternativa Liberal Torrijos y Filosofía Política «queremos expresar nuestro profundo rechazo ante esta medida por las siguientes razones»:
En primer lugar, «se trata de un atentado contra el libre mercado y contra la libertad empresarial. Fijar por decreto el precio del alquiler (o, en su defecto, un intervalo de precios) supone vulnerar una de las reglas básicas del capitalismo, que no es otra que considerar el precio como el equilibrio entre la oferta y la demanda para un bien o servicio, en este caso el alquiler de una vivienda. Tan sólo el libre mercado es capaz de lograr un punto de encuentro entre las necesidades de los inquilinos y las exigencias de los arrendatarios».
Por otra parte, «también es una intervención muy grave contra la propiedad privada. La posibilidad de obligar a alquilar, o incluso intervenir directamente desde el sector público, viviendas vacías nos parece un atropello a un derecho fundamental y a un pilar básico de cualquier democracia liberal como es la propiedad privada. Se comienza, supuestamente, por los «grandes tenedores de vivienda» (en España, menos de un 2% del parque de vivienda no pertenece a familias) y se acaba desahuciando a familias de clase media de forma arbitraria o a oponentes políticos para construir un régimen totalitario basado en el miedo».
Y, por último, aunque no menos importante, «porque es un mecanismo de control político sobre un bien fundamental como es la vivienda que no ha funcionado en ningún lugar del mundo donde se ha implantado. En Alemania, en Francia y en Portugal ya se ha probado esta fórmula con el mismo resultado: reducción de la oferta de vivienda disponible, listas de espera para acceder a una vivienda en alquiler y aparición de un mercado negro aún más caro que deja fuera del mercado a los más desfavorecidos».
«Controlar para empobrecer y pedir aún más control no es ninguna política social, tan sólo una herramienta de control ideológico para el cambio de régimen que está intentando perpetrar el Gobierno de España», añaden.
Recuerdan que «existen herramientas más eficaces para controlar el precio de la vivienda. Por poner algunos ejemplos: Liberalización del suelo edificable, transparencia en los plazos y condiciones de las licencias de obra, simplificación normativa (por ejemplo, cambiar licencias de obra por declaraciones responsables), revisión de requisitos técnicos y medioambientales, etcétera».
«España no necesita un Gobierno que controle los precios del alquiler de vivienda. Necesita un control del Ejecutivo, una separación real de poderes, una independencia de los organismos de control público, reducir el tamaño del sector público y un modelo tributario y burocrático que atraiga inversiones para un sector clave como es el de la construcción. Sólo el avance hacia un libre mercado real asegurará la accesibilidad a una vivienda en condiciones dignas para todo el mundo, independientemente de su estatus socioeconómico», concluyen.