Estos días se celebra en París la cumbre del clima, el hito más importante desde el Protocolo de Kioto en materia de regulación medioambiental. Sin duda, legislar sobre una cuestión tan delicada, que compromete el bienestar, e incluso la viabilidad de las generaciones futuras, resulta de suma importancia.
Sin embargo, hay que procurar que el respeto a la naturaleza vaya conjugado con el desarrollo económico. Ambos objetivos no tienen por qué ser excluyentes. Una buena política medioambiental debe perseguir que la conservación de la Tierra no vaya en detrimento de la prosperidad de sus habitantes. En España hemos sido testigos de cómo un ecologismo mal entendido ha derivado en una inflación legislativa. Esto ha torpedeado la creación de industrias, muchas veces en zonas empobrecidas que de este modo se hubieran revitalizado.
Las comunidades autónomas ostentan competencias para regular esta área, y las hay más o menos obstruccionistas. Según la base de datos Legislativa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, las regiones menos intervencionistas en política ambiental y con normativas más flexibles son Navarra, La Rioja, Madrid y Extremadura. En el otro extremo se hallan Galicia, Cataluña, Andalucía y Asturias. Pues bien, una mayor regulación no implica necesariamente que esas comunidades estén exhibiendo un comportamiento más ‘verde’. Antes bien, la libertad en este ámbito favorece que surjan iniciativas entre la ciudadanía para mejorar distintos aspectos de nuestro entorno.
Según el informe de Greenpeace ‘La radiografía social del medio ambiente en España’, que mide la calidad ambiental de las CC AA, las mejor situadas son precisamente La Rioja, Navarra, Madrid y Extremadura, mientras que las más reguladas se ubican en puestos medios de la tabla. Por tanto, en general, cuando se le cede al ciudadano un margen de maniobra, éste responde cuidando el mundo que le rodea, sin que se lo tenga que prescribir una ley que, de paso, le suponga un obstáculo para crear riqueza. Esto pasa en el Reino Unido, donde los particulares participan de la propiedad de algunos ríos, lo que lleva a que estén más cuidados que cuando es pública, como es el caso de España. Dejemos que los habitantes de este planeta se responsabilicen de su propio hogar.
