La mayoría de declaraciones políticas que anuncian «medidas contra la contaminación» se centran en promover nuevas regulaciones. Sin embargo, los datos muestran que un mayor peso del Estado no se traduce necesariamente en una mejora del medio ambiente.

De hecho, el nuevo informe del think tank Civismo dedicado a esta cuestión subraya que «el ecologismo mal entendido de muchos políticos españoles ha derivado en una inflación legislativa», de manera que «se ha torpedeado la creación de industrias, muchas veces en zonas empobrecidas».

Según Civismo, «las CCAAs ostentan competencias para regular este campo y las hay más o menos obstruccionistas. Según la base de datos Legislativa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, las regiones menos intervencionistas en política ambiental y con normativas más flexibles son Navarra, La Rioja, Madrid y Extremadura. En el otro extremo se hallan Andalucía, Asturias, Cataluña o Galicia».

Pues bien: cruzando estos datos con los informes medioambientales de Greenpeace vemos que el grado de conservación del entorno natural es más alto en La Rioja, Navarra, Madrid o Extremadura que en muchas de las comunidades que destacan por un mayor intervencionismo regulatorio en esta materia. Sin embargo, Andalucía, Asturias, Cataluña y Galicia se colocan, precisamente, en el extremo opuesto.