El Impuesto sobre Servicios Digitales, conocido como ‘tasa Google’, aprobado este martes por el Consejo de Ministros tendrá repercusiones negativas sobre la economía española y su digitalización, según estudios de la Fundación Civismo, que estiman que este tributo se traducirá en una reducción neta de 302,6 millones de euros del PIB de España durante el primer año de implementación.

El informe ‘El coste de los nuevos impuestos’, elaborado por los investigadores Javier Santacruz y Alvaro Martín, destaca que esta reducción neta del PIB estimada se deberá a las pérdidas permanentes en la cadena de valor, la disminución de la inversión, los incentivos a deslocalizar la innovación, los perjuicios económicos sobre la demanda, así como el efecto sustitución de los contenidos digitales gravados en favor de los que no lo están.

Por su parte, el estudio ‘Impacto económico del impuesto digital en España’, realizado por Santacruz, añade que este impuesto hará que España «pierda atractivo inversor» e incentivará a las grandes empresas tecnológicas a establecer sus sedes fuera de las fronteras del país.

El estudio apunta que su aplicación supondrá la reducción en dos puntos porcentuales del margen bruto sobre importe neto de la cifra de negocios de las grandes compañías tecnológicas, es decir, 178 millones de euros anuales menos para un sector compuesto por 9.800 empresas que generan casi 40.000 puestos de trabajo, y pondrá freno a su tasa de crecimiento anual, que es del 4,8%.

Por otro lado, la Fundación también incide en que con esta fiscalidad España está adoptando una solución unilateral mientras sigue el debate en el seno de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En este debate se ha planteado una diversidad de propuestas entre los diferentes países que vienen recogidas en el informe ‘El caso contra los impuestos a la tecnología’, de la red europea de think tanks Epicenter, que apunta a una ineficiencia de esta figura tributaria, constatada a nivel internacional.

En este contexto, Fundación Civismo indica que en la práctica, la ‘tasa Google’ constituye un arancel, al gravar el comercio digital dentro de España y no el efectuado con una contraparte no residente. Por tanto, considera que se está ejerciendo una discriminación entre el mercado exterior y el interno, el cual supone el 36,5% de todas las transacciones digitales.

En cuanto a la demanda, para el usuario final de servicios digitales la proyectada tasa del 3% traerá consigo un sobrecoste de 0,47 euros por cada acto de compra que realice.

Todo ello, hace concluir a Santacruz y Martín que «no se han calibrado correctamente los efectos de primera y segunda ronda que este impuesto puede tener sobre la estructura productiva, la inversión y los flujos de capital».