La recaudación fiscal proveniente de la tasa sobre el juego aumenta y alcanza los 1.075 millones de euros. Las subidas se han producido año tras año entre 2013 y 2019, concretamente, un 3% en todo el periodo, según señala un estudio de Fundación Civismo.
La autora del informe, María Crespo, apunta que el establecimiento de tributos como medida regulatoria resulta ineficaz, por tratarse de un bien de demanda inelástica: por muy alto que se ponga el tipo de gravamen, el usuario no disminuye su gasto en estas actividades lúdicas. El juego es una actividad «muy lucrativa», en palabras de Crespo, ya que el gasto real en España equivale a más de 9.870 millones de euros anuales, es decir, a un 0,8% del PIB, según los últimos datos de 2018.
En los últimos años, se está produciendo una reconversión en el juego de entretenimiento de los operadores privados hacia un incremento del canal online, las apuestas y los salones de juego, en detrimento del realizado en las máquinas de hostelería. Respecto a la contribución del online al margen de juego (GGR) por modalidad, esta se cifró en más de 747 millones en 2019, tras experimentar un aumento del 6,95% respecto a 2018.
«En este contexto de un creciente peso de la modalidad online que caracteriza al mundo globalizado, las limitaciones nacionales que se imponen en el juego de forma aislada carecen de eficacia», indican desde Civismo. «En este sentido, la tributación sobre el juego no es neutral, ya que la mayor o menor carga impositiva que los sujetos tengan que soportar hará que las empresas se localicen en un territorio o en otro», añaden.
Sobre esto, Crespo subraya que «la intervención del sector público debería limitarse al establecimiento de los tributos como consecuencia del incremento de la capacidad económica derivada de las ganancias del juego, mediante un impuesto que grave esta plusvalía, y no un impuesto sobre el consumo».