Para abrir una sociedad de responsabilidad limitada en la Comunidad de Madrid, “una de las más desreguladas”, son necesarios siete trámites y 12,5 días, mientras que en Nueva Zelanda la misma sociedad requiere un solo paso administrativo y una mañana. En la II Jornada sobre Regulación Inteligente, Santiago Calvo, del Instituto Juan de Mariana, ilustró ayer con este ejemplo el camino que todavía hay que recorrer en cuanto a facilidades para hacer negocios.
Calvo destacó que España se encuentra entre los países de la OCDE donde más carga burocrática tienen que soportar las empresas. En cuanto a libertad económica, el último índice Fraser, de 2018, sitúa a España con 7,7 punto sobre 10, una posición intermedia y similar a la de la UE, pero insuficiente a sus ojos.
El representante del Juan de Mariana afirmó que es necesario simplificar el marco regulatorio, favorecer la unidad de mercado a través de un inventario de normas estatales y autonómicas para detectar las que están duplicadas y agilizar los procesos de creación de empresas de forma que solo se requiera un trámite y sea telemático.
Control de alquileres
La oferta de alquileres en España “está estancada y debe realizarse una actuación pública coordinada”, que no sea el control de precios que propone el Gobierno, expuso Alberto Gómez, de la Fundación Civismo. “Una de las pocas cuestiones sobre las que hay consenso entre los economistas es que este control no soluciona el problema, ya que anima al propietario a subir los precios antes de su vigencia, traslada la demanda a zonas más baratas y las encarece, crea gentrificación e incentiva a retirar viviendas del mercado porque no compensa”, explicó Gómez.
En relación a la regulación del suelo, Roger Medina, del Instituto Ostrom, abogó por simplificar los plazos de las modificaciones de los planes urbanísticos, crear una ventanilla única, reducir el grado de detalle del planeamiento urbanístico, disponer de datos agregados o introducir la competencia en la regulación del urbanismo.
Juan Pina, de la Fundación para el Avance de la Libertad, reclamó reducir el IVA, el IRPF y sociedades al sector sanitario privado, flexibilizar la industria farmacéutica, desregular la colegiación y agilizar la homologación de títulos.