La confianza de los ciudadanos en su país se desvanece al saber que nuestra economía no solo está hoy entre las más castigadas de Europa, sino que es la que presenta peor pronóstico. La primera afirmación se sostiene porque, en el primer semestre del año, el déficit de las Administraciones públicas alcanzo el 6,46% del PIB, y la deuda pública superó el 110%. La otra aseveración la corrobora una cifra que no admite maquillaje: España presenta 2.772 muertes más en la segunda oleada del coronavirus que las esperadas en la predicción de la serie histórica. Esos pésimos datos supondrán que le economía española no pueda despegar al ritmo de sus socios comunitarios.
Cuando un Gobierno prioriza trasmitir una buena imagen hasta el punto de no reconocer sus errores, tampoco es capaz de tomar medidas eficientes para luchar contra una pandemia. La causa de nuestra desastrosa situación resulta manifiesta: las decisiones para combatir el covid las han tomado los políticos, en lugar de los expertos. Esto ha ocurrido porque la auctoritas de los que de verdad saben, los profesionales sanitarios, se ha considerado irrelevante frente a la torpe potestas de quienes ostentan un cargo. Estos gobernantes, a pesar de su magistral y engañosa comunicación, no han logrado impedir que la realidad se imponga. La consecuencia de estas políticas clientelistas es la baja eficiencia del gasto público en España, donde pagar muchos impuestos no se traduce en unos mejores servicios públicos, sino en un aumento del despilfarro.
El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha elaborado el Índice de Eficiencia del Gasto Público (IEGP), basado en cuatro parámetros: (a) indicadores de gobernanza del Banco Mundial; (b) indicador de desempeño del sector público incluido en el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial; (c) índice de eficiencia del sector público incluido en el Ranking de Competitividad Mundial del Institute for Management Development (IMD), y (d) indicador de eficiencia del sector público elaborado por Afonso, Jalles y Venancio. España ocupa en el índice global, con 87,4 puntos, el lugar 26 dentro de los 36 países de la OCDE analizados, muy por debajo de la media (100). Suiza (144,6), Países Bajos (126,6) y Finlandia (126,1) ocupan el pódium de honor, mientras que los peor clasificados son Grecia (54,2), Italia (60,1) y Turquía (63,4).
El Gobierno ha dicho que está legitimado a subir los impuestos porque la presión fiscal (ingresos fiscales respecto al PIB) es baja si se nos compara con Europa. Los políticos no quieren reconocer que el indicador válido para valorar nuestra situación tributaria se halla en el esfuerzo fiscal o índice de Frank, que se obtiene del cociente entre la presión fiscal y la renta per cápita. De acuerdo con la investigación de Funcas “La insoportable levedad del índice de presión fiscal” (J. F. Sanz Sanz y D. Romero Jordán), tan solo hay dos países de la OCDE con mayor esfuerzo fiscal que España (15,14): Grecia (26,28) e Italia (16,17), lo que nos aproxima a la denostada figura del infierno fiscal. La alta correlación negativa (0,8445) entre las dos variables tratadas apoya que, a mayor esfuerzo fiscal, menor resulta la eficiencia del gasto público.
