Los comisarios europeos Katanien (Empleo) y Bienkowska (Mercado Interior) han reclamado una modernización del obsoleto marco normativo comercial que pesa sobre algunos estados, regiones y municipios de la UE. Por ejemplo, en nuestro país (con la excepción de la Comunidad de Madrid), comprar en un día festivo o en horario nocturno es prácticamente misión imposible. Los políticos y los legisladores se arrogan el derecho de saber mejor que el propio ciudadano cuándo tiene que ir a comprar, lo que les lleva a imponer las horas y los días en que las tiendas pueden abrir. Y así, su abusivo intervencionismo limita esa libertad que proclaman defender. España ostenta el triste récord de ser, tras Francia, la nación europea con mayores restricciones a la libertad de las operaciones comerciales. Así, hay comunidades, como Navarra, que solo permiten abrir ocho festivos al año. ¿Alguien se ha tomado la molestia de calcular la merma de beneficios que suponen esas regulaciones desfasadas para el lucrativo turismo basado en las compras?

Otro factor que penaliza el comercio es la fragmentación territorial que se deriva del sistema autonómico, al exigir el cumplimiento de 17 normativas distintas si se quiere tener implantación en todo el país. Las naciones con más barreras operativas tras Francia y España son Rumanía, Austria, Portugal y Bélgica. Alemania ocupa la novena posición, e Italia, la undécima.

El tipo concreto de restricciones y el grado de estas varía mucho. En algunos estados pueden ser hasta cinco veces mayor que en otros, y existir hasta 12 clases distintas de limitaciones. El paraíso para el consumidor es Irlanda, a la que siguen Estonia, Croacia, Suecia, Hungría, Eslovaquia, Dinamarca y Reino Unido.

Lo que va a conseguir esta torpe política proteccionista es hacer desaparecer el pequeño comercio, aunque perjudicará a todas las tiendas tradicionales, independientemente de su tamaño.

La razón es muy clara: si las tiendas físicas no están abiertas cuando el consumidor desea, este utilizará el comercio electrónico, con la ventaja de que le llevan el producto al domicilio en pocas horas y, con frecuencia, al mismo precio.

De este modo, los establecimientos físicos pierden clientes, las ventas bajan, se reducen las plantillas y, en consecuencia, ese paternalismo medieval, que debería estar superado, termina abocando a los trabajadores al desempleo.

Los que salen ganando no son aquellos a los que se intenta favorecer, sino los grandes operadores de la distribución, la mayoría de ellos extranjeros.

Respecto a las facilidades a la hora de abrir un nuevo establecimiento, los comisarios demandan unos procedimientos rápidos, transparentes y eficientes, lo que mejoraría la productividad del sector. Estonia y Letonia están a la cabeza, al contrario que Italia, Luxemburgo, Chipre y Reino Unido, que son los que ponen más trabas, mientras que España se encuentra en la novena peor situación de la UE-28.