«Oxi», gritaban las masas en Atenas ante las soflamas de Varoufakis y Tsipras prometiendo la arcadia feliz del gasto, el fin de la austeridad y el asalto a las arcas de Alemania. Veinte días después, los ciudadanos sufrían el corralito causado por la incompetencia de las políticas del Gobierno, que convirtió un problema de renegociación de términos de deuda en un «crash» financiero.
Pues bien, la semana pasada, tras haber implementado los mayores recortes de la historia y privatizado catorce aeropuertos, los agricultores del país se manifestaban ante el asalto fiscal que el Gobierno de Tsipras ha decidido acometer.
El secretario general de la Unión Griega de Agricultores criticaba que con la reforma anunciada por Tsipras un agricultor tendrá que pagar casi lo mismo que lo que ingresa en impuestos y cotizaciones. «¿Cómo vamos a sobrevivir si un agricultor factura 5.000 euros al mes y tiene que pagar hasta 4.000 en impuestos y seguridad social?».
Lo que está ocurriendo en Grecia es típico del populismo. La promesa de soluciones mágicas se convierte en la realidad de la crisis económica. Prometen «subir los impuestos a los ricos» y, para mantener el elefantiásico Estado depredador griego, se los suben hasta a los agricultores.
No, estas medidas no son exigencias de la troika. La troika sugirió reducir gasto público en áreas innecesarias y reducir presión burocrática y el Gobierno de Tsipras lo rechazó. De hecho aumentó la partida de gastos y personal en áreas tan necesarias para una «emergencia social» como la TV pública, que los sufridos ciudadanos griegos financian a través de impuestos y de la tarifa eléctrica. Sí, en el
recibo de la luz de la empresa pública eléctrica griega, la más ineficiente de la Unión Europea, se incluye hasta el recargo de la TV pública. Luego, los populistas hablan de pobreza energética y de tomar medidas para «ayudar» a las familias.
La presión fiscal en Grecia no es solamente creciente, sino que tiene el mercado laboral más rígido, y con ello el mayor paro, de Europa. El Gobierno de Tsipras, ante el rescate, se ha negado a tomar ninguna medida de las propuestas por la troika que alivie a empresas y familias. Sólo ha llevado a cabo políticas aún más recaudatorias para mantener el privilegio de un sector público ineficiente que pesa más del 49% del PIB y se ha convertido en confiscatorio.