En Europa, cuando se cumple un año de la puesta en práctica de las primeras medidas políticas para abordar la propagación de un virus, las mascarillas, los toques de queda y los encierros domiciliarios han pasado a ser habituales en el día a día de los, más que ciudadanos, habitantes del continente. Parte de una jerga utilizada por la mayoría con la naturaleza de haber crecido entre esos términos. Doce meses después, existe por ahora un equilibrio entre quienes parecen disfrutar con la intensificación de unos métodos abiertamente liberticidas, más propios de otras latitudes, y quienes cada día que pasa los perciben más nocivos.
Sobre ello, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades publicó un breve documento el 15 de febrero, en el que informa de que “la evidencia con respecto a la efectividad de las mascarillas médicas para la prevención del COVID-19 en la comunidad es compatible con un efecto protector de pequeño a moderado, pero aún existen incertidumbres significativas sobre la magnitud de este efecto. La evidencia de la efectividad de las mascarillas, protectores faciales y respiradores no médicos en la comunidad es escasa y de muy baja certeza”. Un texto ocultado por los medios de comunicación, centrados en una narrativa tan contraria a la condición humana como, naturalmente, a la ciencia.
En paralelo, al otro lado del Atlántico, la Cámara de Representantes de Dakota del Norte aprobó el lunes un proyecto de ley para prohibir a funcionarios estatales y locales, centros educativos y empresas privadas exigir el uso de mascarillas. La voluntad de la cámara baja estatal de convertir en ilegal la obligatoriedad del uso de mascarillas se manifiesta tres meses más tarde de que el gobernador Doug Burgum impusiera un mandato de cobertura facial en todo el estado, a pesar de haber expresado abiertamente su escepticismo previamente.
El impulsor del proyecto de ley, el representante Jeff Hoverson, describió la obligatoriedad de la mascarilla como parte de una estrategia impulsada por “burócratas ricos, no electos que están robando nuestras libertades y perpetuando mentiras”. En la sesión parlamentaria, llegó a calificar los mandatos de cobertura facial como “estupideces diabólicas”. Además del Hoverson, otros diputados partidarios del proyecto de ley sostuvieron que el uso de mascarillas no ayuda a prevenir la propagación del virus, como demuestran los datos de estados y ciudades en los que no se ha impuesto la medida con carácter obligatorio.
En la misma línea, después de Dakota del Norte, Tennessee puede ser el siguiente estado en ilegalizar la obligatoriedad del uso de mascarillas. Dos legisladores estatales, el senador Joey Hensley y la representante Susan Lynn, están promoviendo un proyecto de ley para proteger a empresas y consumidores de la discriminación médica, cuya aplicación reconocerá el requerimiento de cobertura facial como una violación de las libertades civiles y señalará como discriminatorio que una persona o una empresa le niegue a un individuo el acceso o el disfrute de bienes o servicios en función del uso de determinados dispositivos.
Con la aprobación de la ley, los condados y ciudades del estado no podrán imponer el uso de mascarillas. Así, las empresas ya no serán responsables jurídicas en caso de que sus empleados o clientes no se cubran el rostro en sus instalaciones. Tampoco los centros de culto tendrán que responder legalmente por sus feligreses.
Actualmente, en los Estados Unidos, son más de 30 los territorios que mantienen la obligatoriedad del uso de mascarillas a algún nivel administrativo. La mayoría, mediante la aplicación de leyes que otorgan poderes de emergencia, excepcionales. Ante semejante panorama, las nuevas medidas impulsadas en Dakota del Norte y Tennessee suponen un cambio de tendencia y un avance hacia el reconocimiento del uso de medios de protección personal como una decisión de cada ciudadano, no del poder público o de empresas privadas. Un nuevo modelo tanto para estados cuyo gobernador haya impuesto el uso de mascarillas, como para aquellos en los que nunca han sido obligatorias.
Está por ver si esta nueva dirección normativa acabará siendo común en los Estados Unidos. De serlo, salvo sorpresa, sólo se extenderá hacia territorios gobernados por miembros del Partido Republicano. Aún más impredecible, por no decir improbable, es determinar qué estado europeo tomará la delantera, si alguno lo hace, y el grado de implantación de la tendencia entre los países del continente, que un año atrás se apresuraron en abrazar, ajenos a toda duda, las medidas llegadas de China, contrarias al ordenamiento constitucional e impropias de cualquier nación que se digne de reconocer y proteger los derechos fundamentales de sus miembros.