La abogada Guadalupe Sánchez, especialista en Derecho Penal y autora del libro Populismo punitivo, ha analizado las consecuencias jurídicas y sociales de la Ley del «Solo sí es sí» en el ciclo Democracia liberal y calidad institucional en España: El impacto de las dos últimas legislaturas. Este ciclo está organizado por la Fundación Civismo y el Centro Libre Arte y Cultura (CLAC) en colaboración con la Fundación Conversación y la Fundación Cultura Libre.

Esta norma, aprobada con la intención de reforzar la protección de la libertad sexual y situar el consentimiento en el centro de las relaciones, eliminó la distinción entre abuso y agresión sexual y redefinió el consentimiento como una manifestación clara y libre de la voluntad. Sin embargo, su aplicación práctica ha generado efectos imprevistos para los políticos, pero conocidos por los juristas (que avisaron), que han marcado profundamente el debate jurídico y político en España.

La abogada Sánchez sostiene que la ley, aunque nacida con un propósito legítimo, fue técnicamente deficiente y provocó una rebaja generalizada de penas a condenados por delitos sexuales, además de excarcelaciones. A su juicio, el legislador no previó la retroactividad favorable de las penas ni las implicaciones jurídicas de modificar los límites mínimos de condena. La abogada también advierte que el texto legal introduce inseguridad jurídica al dejar en manos de la interpretación judicial la valoración de qué constituye un consentimiento “claro”, generando confusión tanto para víctimas como para acusados.

Desde su enfoque garantista, Guadalupe Sánchez considera que la lucha contra la violencia sexual debe combinar una protección efectiva de las víctimas con el respeto a los principios del Estado de derecho, como la presunción de inocencia y la proporcionalidad de las penas. En su valoración, la ley del «solo sí es sí» representa un ejemplo de “populismo punitivo”: una normativa impulsada más por el simbolismo político que por el rigor técnico, cuyos errores han obligado al legislador a introducir reformas posteriores para corregir sus consecuencias.