La Fundación Civismo, la Fundación Transición Española y la Red de Estudio de las Monarquías Contemporáneas organizan un diálogo acerca de la Monarquía Española en la Constitución. Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, Asunción de la Iglesia, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra, y Eloy García, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, reflexionan sobre este tema a raíz del libro del que son artífices: “El rey. Manuel García Pelayo”. José Antonio Zarzalejos, presidente del Comité Editorial de El Confidencial, asumió el rol de moderador.  

“La monarquía es una gran desconocida, una asignatura pendiente”, decía Asunción. “Unos piden al rey que haga lo que no puede hacer, otros dicen que el rey no vale para nada. Tenemos de todo, porque la monarquía es una gran desconocida”. Ante esta tarea necesaria, los ponentes ofrecieron una magnífica síntesis de la teorización que Manuel García Pelayo elaboró sobre la relación entre Monarquía Española, Constitución y democracia. Quien fue el primer presidente del Tribunal Constitucional, en relación a esta cuestión, expuso por entonces tres tipos ideales o dictámenes que ahora se rescatan. Manuel García Pelayo es un clásico que supo llegar al fondo del asunto: “tenemos un rey que constitucionalmente no es un rey gubernamentalizado, sino un poder constitucional”.  

El primer dictamen, sobre el papel general de la Corona, está inspirado en Benjamin Constant. Se señala la legitimidad funcional de la Corona, pues, en palabras de Tajadura, “su propia existencia y función es necesaria para el mantenimiento y subsistencia del sistema”. El rey es “la clave de bóveda del orden constitucional” porque, tomando el pensamiento de García Pelayo como clausula definitiva, “España no solo es una monarquía parlamentaria, el rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”. Ahora bien, recordaban que, asimismo, la Corona posee una legitimidad histórica que no hemos de olvidar.  

El segundo dictámen aborda la actitud del monarca ante una situación extraordinaria. Los ponentes, expertos en derecho constitucional, insistieron en la diferencia entre el derecho en situación de normalidad y de excepcionalidad. Mencionaron el caso del intento golpista del 23-F, o el discurso del rey el 3 de octubre de 2017 en plena candencia del Procés. Con todo, la Corona “desempeña una serie de cometidos que son jurídicamente informulables (…) que no son siempre los mismas, son dinámicos”, y que dependen de la personalidad del monarca, del sistema de creencias imperante y del contexto histórico. Pero son funciones que buscan conferir estabilidad y unidad a ciertos momentos en los que está en juego el propio sistema.  

En el tercer dictámen, finalmente, surge la pregunta capital sobre si el rey puede negarse a promulgar y sancionar ciertas leyes. Frente a una cuestión que genera debate, Manuel respondería que, con extrema prudencia, el rey se podría negar si esa norma pudiese significar la destrucción de “la constitución como un todo, de la unidad de la nación o del estado globalmente considerado”.