Francisco de la Torre, inspector de Hacienda del Estado, ha asistido a una nueva sesión del ciclo «Democracia liberal y calidad institucional de España» organizado por el CLAC y la Fundación Civismo en la sede de la Fundación, para analizar la cuestión del cupo catalán y la “financiación singular”.

De la Torre explica, en primer lugar, la arqueología de la cuestión y su recorrido histórico. El hecho de que los territorios tienen derechos históricos es una idea feudal que conduce a lo que hoy entendemos por “cupos”. Tras realizar un camino por la evolución desde la Guerra Civil hasta hoy, comenta que, teóricamente, la Constitución establece que no puede haber privilegios. Aún así, la financiación foral es muy elevada ante lo que se busca evitar: que los ciudadanos se den cuenta de la situación.

Subraya que las sucesivas prórrogas de la negociación del cupo y del concierto económico fueron aprobadas prácticamente por unanimidad hasta 2017, sin que realmente se fuera consciente de dicha aprobación, ante lo que su grupo Parlamentario respondió.

También explica que, a pesar de que se esté contrargumentando el cupo catalán, en el caso del cupo vasco se ha admitido que los diputados vascos voten los impuestos y el gasto público, pero los elegidos por otras provincias no voten nada. Apunta la cuestión de Navarra, cuyo debate no llega al Congreso siquiera. Ejemplifica los privilegios del País Vasco con la situación de los Polos, algo que muestra que Cataluña se basa en ellos para exigir cupos también.

Continúa enfocándose en los problemas que tiene el pago del cupo como aportación a los gastos del Estado: se calcula mal el número de cupo, se calcula mal el ajuste del IVA, y, al disminuir el número de cupo y aumentar el cargo del IVA, el resultado es un cupo negativo, lo que enlaza con la cuestión de las pensiones, a las que va destinado el 60% del IVA y a las cuales País Vasco y Navarra no contribuyen por su cupo negativo, por lo que la sobrefinanciación de ambos es muy alta, y va a más.

El gran problema que puntualiza el ponente es que, más allá de cobrar unos impuestos que los demás no cobran, se ha creado un privilegio financiero «absolutamente brutal». El hecho de que, aunque la Constitución establezca los derechos históricos de los territorios forales, no establece que el 25% de las pensiones de los vascos y navarros sean pagados por los demás, como ejemplo. Es un privilegio territorial porque por estar en un determinado territorio, se tiene derecho a unos determinados servicios públicos mejor financiados, el doble concretamente.

En el caso de Cataluña, de la Torre sostiene que, ésta gasta más de la cuenta, que el problema de raíz no es que estuviese infrafinanciada, que no lo estaba, sino que está mejor financiada que otras comunidades “grandes”, a que tiene una serie de competencias que no tienen los demás (prisiones y Mossos D´Esquadra), y a que hay comunidades que suben impuestos y otras que los bajan.

Subraya también la importancia de evitar que el sistema de cupos se extienda ya que no es posible financiar el exceso a todas las comunidades autónomas, no puede ser una financiación singular y plural al mismo tiempo, como apunta Andreu Jaume. Más allá de la contradicción de términos, la principal crítica del ponente es que el sistema de financiación autonómica es el reparto territorial del poder y que, frente a ello, existe el derecho como ciudadanos a tener una serie de servicios públicos financiados de forma similar en todo el territorio (sanidad, educación y servicios sociales).

Finalmente, critica la idea de que, con la financiación autonómica «todo el mundo gana y nadie pierde», explicando que se basa en que el Estado inyecte 21.000 millones de euros que no se tienen.