El caso de las preferentes y la salida a Bolsa de Bankia es probablemente el mayor negocio que han hecho los bufetes de abogados en su historia. Hay estimaciones de que podría superar los 300 millones en honorarios. La rentabilidad es impresionante, dado que las demandas ganadas superan el 90% de los casos. Hay despachos que han multiplicado por cinco el número de sus letrados. Son juicios fáciles al tratarse de un procedimiento sistemático. Además, los beneficios están asegurados, pues paga Bankia, o, mejor dicho, pagamos todos, ya que esta entidad se halla intervenida por el FROB. Dejando a un lado la posible comisión sobre la cantidad conseguida para los clientes, estos bufetes han establecido una minuta de mil euros por caso, costas que, en las demandas de baja cuantía, la entidad es condenada a pagar.

La razón que los abogados esgrimen para ganar los juicios es que Bankia no dijo la verdad sobre su situación patrimonial y su solvencia económica. Sin embargo, al margen de que la actuación de la mayoría de los peritos apoya que Bankia dijo la verdad, hay un hecho susceptible de ocasionar un gran embrollo jurídico. La entidad ha recurrido al Tribunal Supremo para que dictamine que hay prejudicialidad penal y haga esperar a que concluya el caso en la Audiencia Nacional. ¿Se imaginan que esta instancia emitiera una sentencia diferente a la esperada por los cerca de 23.000 demandantes? El enredo sería inmenso, especialmente si hubiese que devolver parte o toda la indemnización cobrada. Los jueces debieran ser más prudentes y dejar en suspenso su fallo hasta que se pronuncie el Supremo.

Por último, está la posible prescripción de la causa en las demandas presentadas a partir del 25 de mayo de 2015. De acuerdo a una sentencia emitida por un juzgado de primera instancia de Valencia, en esa fecha habrían pasado tres años desde el conocimiento de la falsedad o de las omisiones en relación al contenido del folleto, de acuerdo al artículo 28.3 de la Ley del Mercado de Valores.