El problema se ha convertido en una cuestión de estado que tiene un impacto anual de 22 millones de euros solo en Madrid y Barcelona. Los delitos de usurpación y allanamiento de morada mantienen en vilo a muchas familias. Sobre la mesa hay más de 14.000 denuncias en 2020 y de 4.000 delitos de usurpación en 2021.

A veces un adjetivo puede cambiar la vida de una familia, de una persona o de 14.675. Ese es el número de denuncias que se registraron en 2020 en relación con las viviendas okupadas, según el informe sobre “La Okupación en España, una lacra social y económica”, del economista Álvaro Martín, que cita datos del Ministerio del Interior y que cuantifica en 22 millones de euros el impacto anual de la okupación solo en Madrid y Barcelona. Okupa, con acepción propia en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, es un adjetivo dicho de un movimiento radical: que propugna la ocupación de viviendas o locales deshabitados.

Lo que comenzó en los años 70 como un movimiento contracultural social alternativo en Europa, okupando edificios que estaban deshabitados o abandonados, incluso de uso no residencial, ha desembocado en un
fenómeno social de diferentes dimensiones, donde incluso las mafias han hecho su aparición, okupando también viviendas de familias, o viviendas destinadas a segunda residencia.
Pocas veces una palabra ha tenido tanta fuerza y ha generado tantos titulares y controversia. Pero, ¿Cuál es la situación real?

La okupación legalmente se puede combatir bien como delito de usurpación o como allanamiento de morada, por tanto un termómetro clave para medirla es el número de delitos registrados por ambos tipos
penales. En 2021, según datos consultados por Metros2 en el Instituto Nacional de Estadística (INE), se produjeron 230 allanamientos de morada. Dato superior al de 2020, si bien hay que tener en cuenta la coyuntura del Covid, y prácticamente en línea con los 238 registrados en el año 2019. Atendiendo al número de delitos de usurpación, en 2021 se cifran en 4.302, frente a los 4.687 registrados en 2019.

Otro de los índices que pueden ilustrar la situación es el de las denuncias interpuestas por este delito.

Crecen las denuncias

«Para poner la situación del crecimiento de la okupación en contexto cabe resaltar que, según cifras del Ministerio del Interior, del año 2015 a 2020 se pasó de 10.376 denuncias anuales a cerca de 14.675, suponiendo un incremento de más del 40% en menos de 5 años”, explica Álvaro Martín.

Cabe preguntarse cuántas viviendas ocupadas hay en España. “No se dispone de una base de datos unificada sobre viviendas ocupadas”, explica el economista, quien añade “lo más práctico y efectivo es trabajar con datos del Ministerio del Interior junto con algunos de las CC.AA”. Martín, cita al Institut Cerdá, qué hace tres años cifraba en España cerca de 100.000 viviendas okupadas, siendo una gran parte de ellas propiedad de bancos y fondos de inversión.

Diferentes actores relacionados con el sector afirman que las cifras aún así no muestran los datos reales de la okupación, 42 ya que la lentitud de los procedimientos judiciales hace que muchos propietarios prefieran acudir directamente a una empresa de desokupación para solucionar el problema.

Precisamente, en este sentido, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha anunciado la puesta en marcha una normativa para combatir que este tipo de empresas no actúe conforme a la legalidad. Así lo anunciaba, el 17 de mayo, Ione Belarra en un acto de la campaña a las elecciones del 28M en Alicante, en el que afirmó que Unidas Podemos registrará en el Congreso una proposición de ley para reformar el Código Penal para perseguir a empresas de desokupación.

Desde la formación han indicado que el texto quiere perseguir a las personas y empresas que hostiguen, acosen o intimiden a personas en situación de vulnerabilidad.

Viviendas más afectadas

En cualquier caso, la okupación se ha convertido en un quebradero de cabeza que cada vez tiene más afectados o víctimas.

En primer lugar, para las personas que ven cómo sus viviendas han sido okupadas y no pueden acceder a ellas y han de iniciar un largo periplo judicial para conseguirlo. Mientras, tienen que seguir pagando los gastos derivados de una vivienda como impuestos y suministros. En muchos casos suelen ser, además, familias o personas jubiladas, que no siempre tienen otra solución habitacional.

Pero también para las personas en situaciones extremas que están en manos de las mafias. “En la mayoría de ocasiones quienes se ven expuestos a estas mafias son extranjeros sin papeles y/o personas en riesgo de exclusión social, ahondando aún más en el daño ejercido sobre el tejido social”, se afirma en el citado informe.
De hecho, las viviendas más afectadas están, aparte de en las segundas residencias o en las viviendas en proceso de construcción, “en las zonas urbanas las viviendas más afectadas son aquellas en barrios de rentas medias-bajas y mayoritariamente en ciudades dormitorio cercanas a las grandes ciudades”, explica Álvaro Martín, quien incide además en que aunque haya gran parte de las viviendas afectadas propiedad de fondos de inversión y bancos, esto no significa que no vivan en ellas propietarios o inquilinos en alquiler.

Una visión más pormenorizada por comunidades autónomas, arroja varias lecturas.

La okupación por comunidades

En relación a los delitos de usurpación registrados en el INE, en 2021, Andalucía es la que tiene un mayor número con 1.052 delitos, seguida de la Comunidad de Madrid, con 817. En tercer lugar se sitúa Cataluña con 673. A falta de una base de datos donde se registren las viviendas ocupadas, resulta complicado saber con más detalle.

“Las comunidades que presentaron una mayor proporción de okupación de viviendas sobre el parque total de viviendas en 2020 fueron Cataluña, Canarias, Baleares y Andalucía”, según afirma el citado informe que se basa en las denuncias provenientes de la base de datos del Ministerio del Interior. Su autor añade que “entre todas ellas, Cataluña presenta las peores cifras con diferencia, registrando 17 denuncias por cada 10.000 viviendas». El dossier habla de un incremento en el número de denuncias al día de 27 a 40 entre 2016 y 2020, siendo más de la mitad de ellas efectuadas en Cataluña. Por su parte, desde el Ayuntamiento de Madrid se informa de que se ha puesto en marcha el Plan Integral de Lucha contra la “ocupación ilegal”, dentro del cual se han realizado las siguientes actuaciones.

Desde la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, se ha elaborado un Protocolo en materia de ocupaciones ilegales para las viviendas del parque público inmobiliario municipal, con medidas generales y específicas que abarcan tanto la vigilancia preventiva como actuaciones de recuperación. El resultado de dicho protocolo de actuación ha conseguido pasar de 15 viviendas ocupadas en el 2018 a 5 en el 2019 y 2020, y de una recuperación de 87 viviendas en el 2018 a 97 en el 2019 y 76 en el 2020.

¿Cómo combatir este problema? En España la ocupación no consentida de viviendas está contemplada en el Código Penal. Existen dos tipos penales referidos a la ocupación sin titulo de viviendas cuya diferencia viene dada por el carácter de morada o no.

La ley y la solución

La ocupación de vivienda que constituya morada se denomina allanamiento de morada, y se sanciona con pena de prisión.

La ocupación que no constituya morada se denomina usurpación de inmueble y se sanciona con pena de multa o prisión.

Con la Ley 5/2018 de 11 de junio, se intentó agilizar la desokupación con la denominada ley del “desahucio express”, ya que permite desalojar a los ocupantes si no ha transcurrido un plazo superior a 24 horas, en otros casos se fija este plazo en 48 horas.

Sin embargo, esta ley es muy criticada, “porque la policía no puede acceder si una orden judicial. Si los okupas pueden contratar suministros, el propietario se ve forzado a iniciar un procedimiento judicial largo”, explica Martín, quien añade, que los okupas tienen cinco días para demostrar la posesión de la vivienda, pero en la práctica los largos tiempos judiciales suponen un campo abonado para que estos presenten documentación, a menudo, proporcionada por las mafias. De ahí, su propuesta de un decálogo para luchar contra la okupación. Una cuestión de estado que demanda una solución adecuada.

Hay que desocupar la ocupación.