El Índice del Estado de Derecho (Rule of Law Index, del World Justice Project) es la evaluación más completa del estado de derecho en el mundo, siendo la única medición que se construye desde datos primarios, lo que permite reflejar la perspectiva y experiencia de las personas en su vida cotidiana.
Los cuatro principios que inspiran este índice son: (a) La rendición de cuentas ante la ley de Gobiernos y agentes privados; (b) unas normas justas, claras y estables, que son aplicadas de forma equitativa; (c) un Gobierno abierto y transparente, y (d) unos mecanismos accesibles e imparciales para resolver los conflictos. Los ocho factores que cuantifican estos principios son: (1) los límites puestos a las instituciones gubernamentales y la separación de los tres poderes; (2) orden y seguridad (incluye el control efectivo de la delincuencia); (3) cumplimiento regulatorio (mide si hay sobornos en la adjudicación de servicios públicos, el retraso injustificado de los procedimientos y si el Gobierno respeta los derechos de propiedad); (4) ausencia de corrupción; (5) gobierno abierto y transparente; (6) derechos fundamentales; (7) justicia civil, y (8) justicia penal. Los seis países con mejor estado de derecho de los 113 evaluados son Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Holanda y Alemania. España ocupa el lugar 23 y cierra la clasificación Venezuela.
Para establecer conclusiones en los 24 países de nuestro entorno económico seleccionamos los tres primeros indicadores reseñados, por ser los más significativos de una nación moderna. En esa lista España ocupa el lugar 20 en orden y seguridad, el 17 en límites al poder gubernamental y el 15 en cumplimiento normativo. Estas bajas posiciones muestran que nuestro estado de derecho tiene bastante que mejorar, para lo que señalaré, a modo de ejemplo, tres claras deficiencias.
La primera es la dependencia que el legislativo (el Congreso) tiene del Gobierno, vinculación que proviene de unas listas electorales cerradas, más propias de una partitocracia que de una genuina democracia. Si fueran los ciudadanos de cada circunscripción los que eligieran a sus representantes, los partidos mandarían menos y los ciudadanos más, porque repetir en un cargo no dependería del mandarín del aparato.
La segunda observación es que nuestros políticos no responden de sus graves equivocaciones ni ante la justicia ni ante los ciudadanos. Por ejemplo, Zapatero no fue inculpado, al menos moralmente, por nadie cuando despilfarró 7.800 millones de euros en el Plan E. Este invento, supuestamente concebido para reactivar la economía, se finnació a costa de un colosal aumento de la deuda pública, lo que provocó que la crisis fuera más grave.
Por último, tampoco ha habido ningún gobernante procesado por impulsar infraestructuras faraónicas, ruinosas para siempre, que quizá tan solo sirvieron para satisfacer la efímera gloria de un político, a costa de un endeudamiento suicida. Quizá si la sociedad civil ejerciera más su auctoritas y fuera menos sumisa al Gobierno, el estado de derecho sería más fuerte en España.