En defensa de España y del Estado de derecho
8 de enero de 2020

• Creemos que España necesita un buen Gobierno, no un Gobierno a cualquier precio formado por comunistas bolivarianos e influido por secesionistas condenados por la ley y enemigos del bien común. Las ambiciones personales de los líderes políticos deben quedar supeditadas al interés general, con sentido de Estado. España es mucho más importante que un partido o que un gobernante.

• La libertad y la igualdad de todos los españoles debe estar garantizada en todo el territorio nacional. Y por todas las instituciones. Reivindicamos sin ningún tipo de complejo los fundamentos y la legitimidad democrática de la Constitución del 1978, aprobada por el 90% de los españoles, que determina como titular único de la soberanía al conjunto del pueblo español.

• Es una gravísima irresponsabilidad que se pueda poner en riesgo el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho, o que se pueda atacar la propiedad privada, la seguridad jurídica, la economía de mercado, la iniciativa empresarial y la libre competencia, claves del progreso. En estas circunstancias, la sociedad civil debe hacer oír su voz. El silencio no es una opción.

• Los empresarios somos el elemento esencial de la creación de empleo y riqueza en España. Ni el Gobierno ni los partidos políticos crean empleo ni riqueza. También somos nosotros los que sufragamos la mayor parte del gasto social. Si se ataca al tejido empresarial, se generará paro y pobreza.

• Consideramos imprescindible para el bien de la sociedad que se fomenten los valores del esfuerzo personal, la responsabilidad individual, el respeto a la Ley, la profesionalidad y el espíritu de riesgo. Los derechos tienen que ir acompañados siempre de obligaciones.

• Apelamos a la responsabilidad de los representantes políticos para defender el interés general y salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos españoles.

• Manifestamos nuestro apoyo al Jefe del Estado, S.M. El Rey D. Felipe VI, símbolo y expresión de la nación, de su unidad y de su permanencia, tal y como establece nuestra Constitución.

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