Hasta el 45% de los fijos discontinuos están inactivos. El contrato fijo discontinuo dispara el empleo “estable” sobre el papel, mientras la intermitencia, la baja productividad y la precariedad económica siguen intactas.

La drástica reducción de la temporalidad registrada tras la reforma laboral no responde a una transformación profunda del mercado de trabajo, sino principalmente a un cambio normativo y estadístico. En apenas cuatro meses, el peso de los contratos indefinidos en la contratación mensual pasó de alrededor el 10% en diciembre de 2021 a más del 48% en abril de 2022, estabilizándose después en torno al 43%. Una variación de esta magnitud y velocidad no puede explicarse por cambios productivos reales, sino por la sustitución forzosa de contratos temporales por figuras formalmente indefinidas, especialmente el contrato fijo discontinuo.

Este contrato se ha convertido en el principal instrumento para canalizar el empleo intermitente tras la reforma. Bajo una calificación jurídica indefinida, el fijo discontinuo mantiene la discontinuidad efectiva del trabajo, reduciendo de forma artificial la tasa de temporalidad sin eliminar los periodos recurrentes de inactividad ni la inseguridad económica de amplios colectivos laborales.

La fuerte caída del número de contratos registrados refuerza esta lectura. En 2023 se firmaron 15,4 millones de contratos, un 15,6% menos que en 2022 y casi siete millones menos que en 2019. Sin embargo, esta reducción no implica mayor estabilidad real: una misma relación laboral puede mantenerse activa todo el año aunque el trabajador solo preste servicios durante algunos meses. “La rotación contractual visible se reduce, pero la intermitencia económica persiste”, afirma Albert Guivernau, director de la Fundación Civismo.