Hoy se ha presentado en el Congreso de los Diputados el Índice de Libertad de Enseñanza 2023. Esta es la quinta edición del estudio, que abarca 157 países, y que se ha consolidado como una herramienta clave para medir el reconocimiento y la implementación de la libertad educativa en el contexto de los Derechos Humanos.

El objetivo del informe es proporcionar información y apoyar a los gobiernos en su labor de garantizar los derechos fundamentales. El análisis se fundamenta en cuatro indicadores principales: la posibilidad legal de establecer y gestionar escuelas no gubernamentales, la financiación pública de estas instituciones, la tasa neta de matriculación en Educación Primaria, y el porcentaje de estudiantes matriculados en escuelas no gubernamentales.

Albert Guivernau, director de la Fundación Civismo, ha hecho referencia al “enorme retroceso en materia de libertad de enseñanza en nuestro país, especialmente desde la aprobación de la LOMLOE, que impide que muchos padres puedan elegir en conciencia y en libertad el que crean que es el mejor proyecto educativo para sus hijos. Esta pérdida de libertad perjudica en primer lugar a los hijos, ya que puede obligarlos a acudir a escuelas dónde los valores y método pedagógico no encajen, o sean abiertamente contrarios, a los valores que encuentren en el seno familiar”. También ha destacado el exceso de politización de un sector verdaderamente estratégico como es la educación de las futuras generaciones.

Ignasi Grau, director general de OIDEL, ha afirmado que “la libertad de educación se reconoce como piedra angular del derecho a la educación” y que “con este estudio analizamos en detalle si a nivel nacional se garantiza esta libertad y en qué medida”.