28
mar
La Razón

Cientos de miles de trabajadores de la construcción se siguen levantando cada mañana para acudir a sus respectivos puestos de trabajo pese al estado de alarma impuesto por la pandemia del Covid-19. Aunque el Gobierno no ha decretado que se trate de un servicio esencial para la supervivencia de la ciudadanía confinada, tampoco ha ordenado su cierre en lo que constituye un juego de malabares entre tratar de mantener el máximo de actividad posible y, al mismo tiempo, proteger la salud de la población. «[El Gobierno] está dejando trabajar a aquellos sectores que, bajo unas determinadas circunstancias, pueden seguir operando, lo que permite que no se produzca una paralización total de la actividad», explica Francisco Coll Morales, economista y jefe de estudios de Fundación Civismo. «Trata de evitar que la destrucción del PIB mensual no sea total, sino que se compense con aportes de sectores que puedan seguir funcionando. Si se cerrasen todos los sectores, el batacazo sería del 100% del PIB», añade. La ministra de Economía, Nadia Calviño, lleva días lanzando el mismo mensaje: no se trata de cerrar la actividad al 100% como ha hecho Italia para frenar la expansión del coronavirus. Lo que hay que hacer, ha dicho, es proteger a los trabajadores. El jueves, entre rumores de medidas de confinamiento más severas, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, añadió que no se puede destruir «toda la base económica» pensando en lo que viene detrás de la pandemia.

En este juego de equilibrios, el sector del ladrillo juega un papel clave. Según datos de la patronal Seopan, en términos de actividad representa el 10% del total de la economía española, con una producción en 2019 de 124.049 millones de euros y una ocupación de 1.268.600 trabajadores. Un mes de suspensión total de su actividad implicaría, según Seopan, la pérdida de cerca de un punto porcentual del PIB anual nacional, más de 10.000 millones.

Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Financieros (FEF), está de acuerdo con Calviño en que frenar por completo la actividad sería «contraproducente». «La economía de un país no es como un coche eléctrico, que se arranca apretando un botón. Es una máquina de vapor que tienen que ir cogiendo presión poco a poco. Y si la paras por completo, costaría muchísimo que volviera a coger esa presión», explica. Desde su punto de vista, mantener en marcha actividades como la construcción, si se toman ciertas medidas de protección, es lo correcto en este momento.

A mitad de semana, el sector privado mantenía la actividad con 150.000 viviendas aún en ejecución que dan empleo directo e indirecto a unos 400.000 trabajadores, según datos de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña). La gran mayoría de compañías ha decidido mantener su actividad adoptando medidas de seguridad.

Obra pública

En la obra pública, también se sigue adelante con los planes. Aunque se han paralizado algunos proyectos, la intención de las compañías es no parar, aunque fuentes del sector consultadas por Efe apuntan a que el incremento de los contagios o los problemas de suministro de materiales podrían provocar un incremento de solicitudes de paralización.

Aunque la mayoría de los contratistas quieren seguir adelante con los proyectos, hay colectivos como los arquitectos o los ingenieros, y sindicatos como CC OO, UGT o el CSIF que han solicitado al Gobierno que paralice de inmediato todas las obras que no sean imprescindibles. Coll Morales considera que más que mantener la economía al ralentí, la prioridad debería ser «frenar el contagio y poder reactivarla en su totalidad cuanto antes». «Hay colegas que dicen que mantenerla [la economía] al ralentí está provocando que el confinamiento no esté funcionando, provocando una mayor prolongación de esa paralización que estamos viviendo». El riesgo, añade, es que, si se demora la contención de la pandemia, «no sólo nos recuperemos en L y no en V, sino que la deuda se dispare».


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