En medio de la polémicasobre las balanzas fiscales autonómicas, el Gobierno está ultimando un tema muy relacionado: la Ley para la Reforma de la Administración Local. El propósito de la norma es reducir el coste de los servicios públicos, comparando lo que suponen las prestaciones en los diferentes ayuntamientos y proponiendo a los más eficientes como modelos. Sin entrar en detalles, porque los datos específicos no están todavía disponibles, nos referiremos a las cifras totales extraídas de los presupuestos que las comunidades autónomas han presentado al Ministerio de Hacienda. Al fin y al cabo, todas las regiones tienen que financiar servicios similares.
Frente a un gasto público medio nacional de 3.541 euros por habitante y un porcentaje medio del 16% del PIB, Madrid, con un gasto público de 3.240 euros por habitante y un 11,2% del PIB, constituye el mejor ejemplo. Cabe destacar que, en casos como el de Navarra y País Vasco su gasto por habitante llega casi a duplicar el de otras como Andalucía. Pero, ¿se puede recortar el gasto sin afectar a los servicios públicos? Si tomamos a Madrid como ejemplo y tomamos su coste como referencia para toda España, igualar el gasto de todas las regiones al de Madrid implicaría un ahorro general de 15.700 millones, lo que supone un 9,5% del presupuesto autonómico global. Con esta cifra, casi todas las comunidades autónomas se encontrarían en superávit. Sin embargo, es comprensible que algunas quieran gastar más en servicios menos esenciales.
No obstante, conviene medir el gasto público en relación al PIB porque resulta lógico que aquellas regiones que más riqueza generan, puedan ofrecer más servicios y cobrar a sus ciudadanos más tasas. Así, hay regiones más eficientes que otras. Las CCAA gastan una media del 16% del PIB, valor al que se ¡ aproximan Aragón, La Rioja y el País Vasco. Si el coste de los servicios públicos de toda España se redujera al de esta última comunidad (una de las de mayor bienestar), se podrían ahorrar 9.600 millones de euros, monto con el que se amortizaría de una vez todo el déficit autonómico.
Entre las más alejadas del ejemplo vasco, se sitúa Extremadura, cuyo gasto asciende al 27% del PIB, Pese a lo que muchos políticos de la región aducen, esta diferencia no se debe a problemas de densidad o de falta de actividad privada. De hecho, Navarra, rebasa el gasto público vasco en 5,3 puntos del PIB. En esta línea también se sitúan los casos de Castilla-La Mancha (con un excedente de 3,5 puntos sobre el gasto vasco), Cantabria (3,2 puntos), Galicia y Andalucía (2,1 en ambos casos) y Asturias (1,4), mientras que Canarias, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla y León y La Rioja estarían muy cerca del ejemplo vasco. Por último, Aragón, Cataluña, Baleares y Madrid se muestran, incluso, más austeras. Sorprendentemente, Cataluña se acerca más aMadrid que al resto de las comunidades autónomas españolas. En el caso catalán, si esta región adoptase las políticas de contención de gasto de Madrid podría ahorrar 3,9 puntos de su PIB, cifra que equivale a tres cuartas partes de su déficit autonómico.
A la luz de los datos, ¿nos hemos pasado con la austeridad o hay todavía demasiado despilfarro en muchas Administraciones? Todo depende de dónde miremos, de las distintas sensibilidades autonómicas de los ciudadanos y de las tasas o tributos con las que estos quieran contribuir.
