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INTRODUCCIÓN

En primer lugar, se argumentará desde una perspectiva teórica por qué resulta necesaria una alta inversión en Defensa y las funestas consecuencias que puede tener el no realizarla. No en vano, la defensa nacional debe considerarse una prioridad en cualquier sociedad.

En segundo, se tratarán las cuestiones económicas, ejemplificadas en casos concretos de cómo se encuentra la cartera de Defensa debido a su dotación presupuestaria. Todo ello conforme al presupuesto vigente todavía.

Por último, se abordará el debate que existe en Europa sobre la necesidad de compartir capacidades y los criterios que han de regir en la inversión en Defensa. En esta ocasión, el análisis se centrará en las iniciativas acometidas sobre esta materia en algunos países europeos y en dirimir si es posible efectuar dicha “comparticiónsin dañar los intereses nacionales.

 Relevancia de la inversión en Defensa desde la perspectiva teórica

Uno de los grandes autores del siglo pasado, Hans Morgenthau, señalaba en su libro Politics Among Nations que la lucha por el poder constituiría el principal leitmotiv en el escenario internacional.

En un mundo dominado por la voluntad irrefrenable de obtenerlo y aumentarlo, ¿dónde podía residir la solución que evitase esta escalada? El propio Morgenthau citaba dos posibles “barreras”: el derecho internacional y la opinión pública.

Pese a no resultar tan efectivo como el sistema jurídico estatal, el derecho internacional puede interpretarse como una “ley primitiva”[1] que trata de formalizar unas conductas mínimas válidas para las relaciones entre países. No obstante, Morgenthau apunta grandes debilidades en esta barrera. La más importante, la necesidad de superar los intereses nacionales, lo que, en última instancia, significa desplazar la soberanía a un nivel supranacional.

Un buen ejemplo de este proceso lo hallamos en la Unión Europea. El gran debate que divide a las sociedades europeas pivota en torno a la cesión de soberanía. Si ya parece difícil que un grupo de países que comparten una misma civilización (valores, cultura, historia, etc.) sean capaces de cederla a un ente regional, la convergencia de intereses entre cerca de 200 Estados se antoja imposible.

Ante la ineficiencia del derecho internacional, la “barrera” que nos resta es la opinión pública. En este punto, el autor hace una interesante reflexión. Si bien es cierto que, gracias a la tecnología, el mundo se ha convertido en lo que conocemos como una “aldea global”[2], también ha permitido al Estado un grado de control sobre la sociedad inimaginable si careciera de ella. Además, la existencia de una opinión pública global se ve limitada por el nacionalismo. Una vez más, el proyecto europeo sirve de ejemplo paradigmático.

Sin embargo, Morgenthau minusvaloró la capacidad de influencia de esta barrera sobre la política internacional:

Modern history has not recorded one instance of a government having been deterred from a certain international policy by the spontaneous reaction of a supranational public opinion[3].

En disculpa del autor, cabe aducir la fecha de la publicación de su libro (1948). Hoy en día, existen sobrados casos en los que la opinión pública ha conseguido influir, e incluso modificar, la política exterior de un Estado. Un ejemplo reciente sucedió en España en 2004. Tras los atentados terroristas del 11-M, la ciudadanía se movilizó y, con la elección de un nuevo Ejecutivo, cambió radicalmente la política internacional del país. Es esa, la manipulación de la opinión pública, la principal meta de los grupos terroristas. Otro argumento que respalda la importancia de esta “barrera”.

Por tanto, nos encontramos ante una difícil encrucijada. En un mundo dominado por el ansia de poder, cuyos principales actores son Estados que, en no pocas ocasiones, se alejan de la defensa de sus ciudadanos (su razón existencial) para acometer otros objetivos espurios, parece una contradicción confiarles la defensa de nuestra sociedad. En esto se concretó el debate moral que tuvo que enfrentar Morgenthau, junto a muchos otros antes que él.

No obstante, y pese a las críticas de algunos autores[4], es posible que el Estado asuma la protección de los ciudadanos sin por ello sobredimensionar su tamaño. Esta teoría la defiende en especial Robert Nozick en su obra “Anarquía, Estado y Utopía”.  En el libro, postula la existencia de un Estado mínimo (Estado gendarme), cuya única función sería la de proteger a los individuos dentro de su territorio mediante el monopolio de la violencia[5]. Así, la existencia de dicho Estado la justifica de la siguiente forma[6]:

“En un Estado de naturaleza lockeana, en que los individuos tienen derechos naturales, algunos de estos se asocian para hacer frente a las violaciones que alguno de ellos sufra. Estas son las conocidas como asociaciones de protección mutua. Por eficiencia y por las ventajas que supone la especialización y división del trabajo, es lógico que aparezcan varias agencias. Cada una ofrece distintos precios, pólizas, etc. Con el paso del tiempo, y siempre mediante un proceso de contrataciones y asociaciones acordadas en un mercado libre, y dada la naturaleza del servicio que ofrecen, la multitud de agencias de protección en un territorio determinado empiezan a reducir su número de forma que una empieza a consolidarse en dicho territorio en detrimento de las demás. Es la «Agencia de protección dominante»”.

 En el momento del proceso en que la Agencia de protección dominante ostenta el cuasi monopolio del uso de la fuerza en un territorio, aún pueden quedar independientes que prefieran, pese a las dificultades, hacerse justicia por sí mismos. Por este motivo, Nozick llama a la Agencia de protección dominante como Estado ‘ultra mínimo’. Hasta aquí, afirma este autor, la narración demuestra que un Estado ‘ultra mínimo’ podría nacer de modo inintencionado, como consecuencia de la interacción de los diferentes individuos; surgimiento que, además, resulta lícito en la medida en que no conculca los derechos de nadie. Sin embargo, la persistencia de los independientes impide que se pueda hablar de un Estado mínimo.

Para dar el paso desde un Estado ‘ultra mínimo’ a uno ‘mínimo’Nozick utiliza el principio de compensación. Básicamente, se define como la prohibición a los independientes de ejercer su derecho a castigar a cambio de la protección gratuita (compensación) de la Agencia de protección dominante. Y así, finalmente, es posible construir el Estado mínimo.

En esta línea de argumentación se apoya el liberalismo clásico. Algunos autores contemporáneos incluso han cuantificado el tamaño deseable que debería tener dicho Estado. Pero, más allá de las cifras, parece evidente que el mejor argumento para defender la necesidad de que exista es la protección de sus habitantes, ya sea frente a otro ciudadano (Justicia), o contra una amenaza externa (Defensa). Toda actividad que exceda ambas funciones constituirá una expansión estatal peligrosa. No se debe olvidar que las mayores atrocidades de la historia se han cometido en su nombre.

Por otro lado, también debemos hacernos eco de las críticas a esta teoría y ser conscientes del peligro permanente que subyace en ella: el crecimiento desmesurado del Estado. O lo que es lo mismo, el añejo dilema entre seguridad y libertad.

Cuestiones económicas

Como cada año, la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) supone el inicio de numerosos debates. Este ejercicio no ha sido una excepción. En materia de Defensa, parece que España sigue arrastrando ciertos prejuicios que impiden dotar al país de un nivel de seguridad adecuado.

En un entorno estratégico dominado por la incertidumbre y la volatilidad, el Gobierno español lleva decenios sin aportar al Ministerio de Defensa los recursos necesarios para cumplir con su obligación primaria, la defensa nacional. En los Presupuestos de 2019, contará con 8.537 millones de euros, un 1,6% más que en el ejercicio anterior. Esto hace que la partida destinada a Defensa represente el 2,3% de los PGE.

A pesar de este ínfimo aumento, el presupuesto para este año no resuelve las incógnitas que se ciernen sobre él y que desgranamos a continuación:

¿Gastamos o no mucho en Defensa?

 En primer lugar, de los 8.537 millones, más de la mitad (casi el 54%) se destina a gastos de personal. Todo ello sin sumar los 897 millones en créditos dedicados a gastos operativos y de funcionamiento para la profesionalización de los Ejércitos. Estos datos ponen de relieve la importancia del factor humano dentro de las Fuerzas Armadas. No obstante, semejante apalancamiento en un presupuesto tan reducido deja poco margen para el resto de partidas. Para mitigarlo existen dos posibles soluciones: o bien se disminuye el gasto de personal (esto es, recorte de efectivos), o bien se dota al Ministerio de más fondos. La primera solución no resulta viable, puesto que ya se han menguado las plantillas de forma general durante la última década. La segunda es, sin lugar a dudas, la necesaria. Por varios motivos.

Si se compara el gasto per cápita en Defensa de algunos países de nuestro entorno[7], España se sitúa a la cola. De hecho, pese a las diferencias entre ambas tablas (divisas, qué se incluye en la partida de Defensa, etc.) lo que muestran es nuestro atraso respecto a nuestros socios europeos. La gran brecha entre los Estados que mayor inversión por habitante realizan (Francia y Reino Unido) y los que menos (España) pone de relieve los distintos roles que quieren desempeñar en el escenario mundial. No obstante, si bien nuestra nación no posee las características necesarias para convertirse en una potencia de primer orden (población, capacidad nuclear, tamaño de la economía), sí tiene un notable margen de maniobra que la pueda situar cerca de estas. Todo ello, de acuerdo con sus necesidades estratégicas.

Según el último informe del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, España se trata del tercer integrante de la OTAN que menos porcentaje de PIB destina a Defensa (0,92% en 2017), solo por delante de Bélgica y Luxemburgo. Además, el Gobierno ya confirmó el año pasado que no va a cumplir con lo pactado en la Cumbre de Cardiff de 2014, esto es, llegar al 2% en 2024. Según los cálculos del propio Ministerio, España se quedará en el 1,53%, muy lejos del objetivo comprometido. En este sentido, verá dañada su imagen internacional. Empero, el Ejecutivo, en boca del ministro Josep Borrell, argumenta que somos el único país de la Unión Europea que ha participado en todas las misiones de esta. Sin embargo, según datos de SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) el presupuesto en Defensa español (en % de PIB) no ha dejado de reducirse desde 1988. Esta continua tendencia a la baja conduce a la segunda incógnita.

¿Es suficiente el presupuesto destinado a Defensa?

Con la cifra de 2.795 millones de euros dedicados a inversiones se da un paso atrás en relación a los presupuestos anteriores. En el pasado ejercicio, esta partida estaba dotada con 2.841 millones, un 30% más que en 2017, y un 6,9 % más que la cifra propuesta para 2019. Esto ha supuesto que lo que se catalogó como “la apertura de un nuevo ciclo inversor” haya quedado en nada.

No obstante, un profano podría pensar que el mencionado presupuesto para inversiones es excesivo. Al contrario. También aquí existe un enorme apalancamiento. Es el caso de los PEA (Programas Especiales de Armamento), los cuales se idearon para evitar el cortoplacismo en una materia tan sensible como la defensa. Tenían como objetivo sufragar los grandes proyectos que se erigiesen en la espina dorsal de las Fuerzas Armadas. Esta financiación iría más allá de los períodos electorales, con el fin de asegurar la estabilidad. No obstante, y pese a cumplir su meta, los PEA suponen ahora mismo el 75% del total del presupuesto en inversiones. Esto no quiere decir que se destine a proyectos nuevos, sino que una parte sustancial se dedica a los pagos pendientes de los programas de la década pasada. Por tanto, pese a tratarse de la herramienta que ha permitido a España eliminar la desventaja tecnológica de la que partía, los PEA se están convirtiendo, ante la escasa financiación, en un enorme pasivo dentro del presupuesto de Defensa. Para ilustrar al lector, un ejemplo: el caza Eurofighter Typhoon 2000.

Dicho aparato se ideó a finales de 1985, y entró en servicio en 2003. Pues bien, aún existen pagos pendientes. Además, pese a ser todavía hoy un magnífico caza, ya existen modelos que lo superan, como el F-35 o el F-22 Raptor, ambos estadounidenses. Pero no solo EE.UU. posee naves ultramodernas. China o Rusia también avanzan en sus modelos de caza de quinta generación, con su Su-57 (Rusia) y su J-20 (China), mientras que el Eurofighter pertenece a la 4,5 generación si se incluyen sus modificaciones. Por tanto, España se ve en la tesitura de seguir pagando un proyecto que, en breve, quedará obsoleto, y sin haber iniciado aún otro que lo sustituya.

Pero el Eurofighter no se trata del programa más comprometido. Hay otros en una situación realmente crítica, y en los que el margen para revertirla ya no existe. El Ejército del Aire, por ejemplo, dispone de los P-3 Orión. Estos fantásticos aparatos de fabricación estadounidense tienen como misión principal la vigilancia marítima. Realizaron su primer vuelo en 1959, y entraron en servicio en España en 1973. Esto da una idea de su longevidad, por muchas modernizaciones que se les hayan incorporado. En el caso de la Armada, dispone de los aviones Harrier II Plus, que se introdujeron en 1996. Pese a no ser tan antiguos como los P-3, son una versión del modelo original, que data de 1970.

Estos desafíos deben abordarse de manera urgente, ya que van a afectar a la seguridad nacional de manera trascendental. Tanto los actores políticos como la sociedad en general han de conocer la realidad en la que viven sus Fuerzas Armadas. La situación en la que se encuentra su equipamiento, y las nefastas consecuencias que puede acarrear la falta de inversión. Como dijo el propio Adam Smith, la defensa es de mayor importancia que la opulencia, ya que, a través de la disuasión, se mantienen relaciones pacíficas entre las naciones bajo un sistema de libre comercio. Se trataría, por tanto, de preservar la opulencia a través de la seguridad. O como dice el profesor Antonio Fonfría, “en ocasiones, los cañones son un conservante de la mantequilla”.

Compartición de capacidades y criterios de inversión

En los epígrafes anteriores explicábamos la necesidad de un mayor presupuesto en Defensa, destacando algunos casos concretos en los que ya llegamos tarde. No obstante, este aumento debe sustentarse en varias premisas.

En primer lugar, la eficacia. Según la RAE, es la “capacidad de lograr el efecto que se desea o espera”. Para lograrla, antes hay que identificar las amenazas a las que nos enfrentamos. En España, el documento clave a este respecto es la Estrategia de Seguridad Nacional. Realizado este análisis, la siguiente etapa pasa por concretar las mejores herramientas para que las Fuerzas Armadas cumplan con su misión, que no es otra que la defensa de la soberanía nacional.

La segunda premisa, la eficiencia. Como todo ente público, financiado por los contribuyentes, el Ministerio de Defensa debe maximizar sus resultados con los recursos disponibles[8]. En este sentido, parece que algunos de nuestros vecinos han encontrado la solución. La denominada Smart Defense o Pool&Sharing, es decir, reparto de capacidades militares, consiste en una iniciativa que ya están llevando a cabo varios países de nuestro entorno. El mejor ejemplo, el acuerdo franco-británico de 2 de noviembre de 2010. Algunas de las medidas que contiene son:

– Presupuesto de 100 millones de euros para I+D militar.

– Mayor integración de la rama franco-británica de la empresa europea MBDA.

– Creación de una Fuerza Combinada de Reacción Rápida.

– Armonización de los procesos de compra de armamento (con la finalidad de fortalecer los lazos de la industria de ambos países).

Tal y como señala Bernardo Navazo, el problema al que se enfrentan los gobiernos europeos es el “trilema de la defensa”. En su opinión, “ningún Estado europeo puede hoy sufragar los gastos que mantengan todas las capacidades militares en respuesta al amplio espectro de amenazas convencionales y no convencionales… ni proveer por su total seguridad y defensa”. Por tanto, “la elección ya no es entre mantener capacidades o compartirlas y perder autonomía  en su uso; la elección real es entre compartir capacidades, aun asumiendo cierta pérdida de autonomía, o no poder disponer de ellas”[9].

Por ende, la cuestión que subyace no es tanto si gastar más (algo necesario), sino gastar mejor. No obstante, este planteamiento tiene sus inconvenientes.

Por un lado, en el marco de la Defensa, no hay un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Se trata de un mercado muy restringido. Por la parte de la demanda, podemos definir la Defensa como un bien público e intangible, en el que no existe exclusión (disponible para todos, le pese a quien le pese) y tampoco rivalidad (su uso no disminuye el de otra persona). Dichas características propician el problema del free rider, o del “polizón”. Este término se refiere a aquellos consumidores de bienes o servicios indivisibles, sobre todo públicos, como en este caso, y que se benefician de ellos sin pagar contraprestación alguna. La OTAN constituye el caso paradigmático. De su presupuesto total, Estados Unidos aporta casi el 72%. Esto supone que el resto de países que la integran (28), y sobre todo aquellos que ni siquiera aportan lo pactado (el famoso 2% del PIB), actúan como verdaderos free riders. Así, el Estado free rider se aprovecha de la inversión que otros países realizan y disfruta de los consiguientes beneficios sin costearlos[10]. Como vemos en el gráfico, apenas siete países cumplen. Y eso, contando con que aquellos con asterisco (Polonia, Letonia, Lituania y Rumanía), que tienen leyes que les obligan a dicho objetivo, lo hagan.

Fuente: OTAN: “Defence Expenditure of NATO Countries (2011-2018)”

Este fenómeno sería uno de los principales inconvenientes a los que se enfrenta la tesis de la compartición de capacidades militares. Otro de sus fallos se encuentra en su hipótesis de partida: la imposibilidad de las economías europeas de costear (y mantener) los programas de Defensa necesarios para sus intereses nacionales. El debilidad de dicha afirmación es que no contempla un escenario de bajada general de impuestos. De hecho, queda refutada con el caso estadounidense, que se sitúa en cifras récord de crecimiento y recaudación.

Si el gobierno realiza una verdadera “revolución” fiscal, dispondrá de los recursos suficientes para dedicar una parte de ellos a la inversión en Defensa[11]. Con ello, se conseguirían dos objetivos: aumentar esta partida, y reducir la cuña fiscal que soportan los contribuyentes. No obstante, y pese a los notables esfuerzos del Ministerio de Defensa[12], la mentalidad imperante respecto a estos temas pone en duda que nuestros dirigentes destinaran ese “excedente” de recursos a Defensa, antes que a otros intereses más electoralistas.

Un último obstáculo a esta teoría, y quizá el más importante, es la falta de comunión de intereses. Tal y como señala Hayek:

“Pocas dificultados debe haber para planificar la vida económica de una familia, y relativamente pocas para una pequeña comunidad. Pero cuando la escala crece, el nivel de acuerdo sobre la gradación de los fines disminuye y la necesidad de recurrir a la fuerza y la coacción aumenta”[13].

Esta dificultad pone de relieve la magnitud de la empresa que supone la teoría de la compartición. Y más, si se trata de un ámbito como la Defensa. Pese a todas estas objeciones, tiene unos buenos fundamentos, y como subraya Navazo, sí existe espacio para poder cooperar en determinadas tareas, sobre todo en aquellas más alejadas de la primera línea de combate. Empero, no se debería obviar la pérdida de soberanía que implica dicha colaboración. Esto, sumado a la variabilidad del entorno estratégico y la negativa generalizada de las sociedades al globalismo, auguran unos inicios poco halagüeños.

En resumen, España, como Estado, no solo tiene que gastar más en Defensa, sino mejor. La teoría de la compartición constituye un avance en dicho objetivo, pero ha de entenderse como una política complementaria, que no excluyente, del incremento de la inversión en Defensa. Para que esto sea posible sin aumentar el esfuerzo fiscal de los españoles, el gobierno que tome posesión deberá leer con detenimiento a Laffer.                                                                                            

CONCLUSIONES    

En esta tesitura nos encontramos. Tras la firma del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, parece que el futuro político del país queda en manos de ambos partidos. No obstante, la única incógnita que nos resta por resolver es qué otros grupos parlamentarios van a ser partícipes, puesto que la suma de las dos formaciones resulta insuficiente para la investidura de Pedro Sánchez.

Si uno de esos apoyos, bien de manera tácita (abstención), bien explícita (a favor), es Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), los presupuestos en Defensa van a resentirse, y mucho. De hecho, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, propuso que se redujeran en un 40% durante el debate televisivo.

Este tipo de planteamientos, junto a las escasas iniciativas de PSOE y Unidas Podemos[14], condenan a Defensa a esperar las migajas que dejen el resto de Ministerios cuando se redacten los Presupuestos Generales del Estado. Esto lleva a varias conclusiones:

Por un lado, que los enemigos del Estado quieren debilitarlo. Una disminución del presupuesto de Defensa supondría una menor capacidad de reacción ante cualquier evento violento. Sin embargo, también se da el caso de partidos cuyo principal leitmotiv ha sido la preocupación por las políticas sociales, pero que, a la hora de formar gobierno, reclaman las carteras de los conocidos como “Ministerios-fuerza”, tales como Defensa. O incluso, la dirección del CNI. En poco tiempo se conocerá el reparto final.

Por otro, este supuesto (menor inversión en Defensa) nos conduce a una pérdida de autonomía. Aquellos que despotrican contra el imperialismo deben saber que la mejor forma de ganar independencia en el plano internacional pasa por tener una Defensa fuerte. Cuanto mayor sea la inversión, menor será la dependencia respecto a otros actores.

Pese a que todo parece jugar en contra, aún cabe una pequeña esperanza de que nuestros representantes políticos tengan la lucidez de dejar a un lado sus luchas partidistas y pongan el interés nacional por encima de todo. Porque, claro, la esperanza es lo último que se pierde. Y, sobre todo, porque España lo merece.


[1]               MORGENTHAU, Hans J. “Politics among Nations: the struggle for power and peace”, Alfred A. Knopf, 1948, Nueva York, p. 211.

[2]               Término acuñado por el sociólogo canadiense Herbert Marshall MacLuhan.

[3]               MORGENTHAU… op.cit. p. 198.

[4]               Véase: HUERTA DE SOTO, Jesús: “ Liberalismo clásico versus anarcocapitalismo”, Misses Daily Articles- Misses Institute: Austrian Economics, Freedom and Peace, [en línea] < https://mises.org/es/library/liberalismo-cl%C3%A1sico-versus-anarcocapitalismo  > (Consulta:  de 15 de julio de 2019).

[5]               En la obra de Nozick, el derecho natural a castigar.

[6]               Extraído de NOZICK, Robert. Anarquía, Estado y Utopía, p. 23-39.

[7]               Principalmente, países que comparten muchos de nuestros compromisos estratégicos (OTAN) y amenazas.

[8] En este punto, es imperativo recalcar la falta de incentivos que el Estado tiene a la hora de gestionar los recursos públicos. Y en el caso de la Defensa española, todavía más. De hecho, el principal incentivo que puede tener el decisor público es resultar reelegido. Por tanto, destinará los recursos de los que dispone a aquellas partidas de las que pueda sacar un mayor rédito inmediato. Por ejemplo, una subida de los salarios y/o pensiones. Economistas como Kenneth J. Arrow o James Buchanan desarrollaron la teoría de la elección pública. Dicha escuela sostiene la premisa de que el comportamiento de los representantes políticos no es diferente a la de otros actores económicos, ya que buscan sus propios intereses.

[9] NAVAZO LÓPEZ, Bernardo “El impacto de la crisis económica en la Defensa: autónoma irrelevancia o acción combinada”, Documento de Trabajo nº72/2013, OPEX, 2013, Madrid.

[10] En economía, un free rider es aquel individuo que tiene interés en beneficiarse de un bien público, el ejército, por ejemplo, pero no está dispuesto a pagar por él.  Para una explicación más detallada sobre el “problema del polizón” o free rider, véase: MANKIW, Gregory. Principios de Economía, Cap.11 “Los bienes públicos y los recursos comunes”, Mc Graw Hill / Interamericana de España,2004, Madrid.

[11]Esta afirmación (bajada de impuestos = mayor recaudación) ha sido la principal aportación del economista Arthur Laffer y su famosa curva. No obstante, numerosos economistas la han puesto en tela de juicio (GalbraitH,1984 o Samuelson,2001). Aun así, los casos en los que sí se corrobora la premisa de Laffer proliferan, y permiten dar validez a su postulado. Buen ejemplo de ello es la reforma fiscal llevada a cabo por el presidente Trump. Tras aplicar una reducción impositiva cuasi general, los ingresos fiscales crecieron un 7,4% en 2018, y un 5,8% en 2019, según el Tax Policy Center.

[12] En especial, el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) y la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS), ambos pertenecientes al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). Estos organismos realizan una labor encomiable de difusión de la cultura de Defensa, promoviendo actividades con los Cursos de Defensa Nacional para Jóvenes, que este año cumple su sexta edición.

[13] HAYEK, Friedrich A. “Camino de Servidumbre”, Alianza Editorial, 2011, Madrid, p. 326.

[14]             TORRES SOSPEDRA, Jorge. “Las propuestas en defensa, insuficientes”, Fundación Civismo, <en línea>: https://civismo.org/es/las-propuestas-en-defensa-insuficientes/ .


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