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El pasado miércoles, el Banco de España publicaba las estadísticas de deuda pública para la economía española, situando el nivel de pasivos estatales en el 117,08% del PIB a cierre del año 2020. Asimismo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba a principios de enero que España cerró 2020 con un déficit del 11,3% del PIB. Ambas cifras se mantienen en el rango del consenso de analistas macroeconómicos y, viendo la evolución de las cuentas públicas en los últimos trimestres, no sorprenden en demasía. Es más, respecto a la deuda pública, muchos analistas predijeron que el dato de 2020 cerraría por encima del que finalmente se ha dado. La economía española sufrió intensamente la crisis del año 2008, e igualmente, es sin duda uno de los países del mundo que más gravemente está padeciendo los efectos de la actual recesión derivada de la pandemia, al menos en términos de contracción del PIB, cuya caída ascendió al 11% anualizado, o al 9,1% en términos interanuales. Igualmente, el empleo descendió un 2,9% o un 3,1%, dependiendo del método de cálculo que se emplee.

A pesar del obvio drama que encierran las cifras anteriores, esto brinda una oportunidad de repensar el enfoque de la política tributaria en España. Muchos analistas señalan la falta de capacidad fiscal de España como causa de la tímida respuesta del Estado en términos de ayudas directas a sectores afectados. Si bien es cierto, según la propia AIReF, cerca del 50% del déficit público del año 2020 se debería a incrementos discrecionales del gasto en políticas orientadas al apoyo de empresas y familias, entre las cuales se encuentran las prestaciones propias de los ERTE, aquellas por cese de actividad a autónomos, etc. Asimismo, hemos de recordar que los programas extraordinarios de financiación del ICO se hallan respaldados por un aval de 85.000 millones procedentes del Estado, el cual se ejecutaría en caso de impago por parte de las empresas deudoras. Aun así, en perspectiva internacional, España se posiciona como uno de los países desarrollados con una menor respuesta fiscal a la crisis pandémica, tal como lo apunta el Fiscal Monitor de octubre de 2020 del Fondo Monetario Internacional, el cual analiza las diferentes reacciones de los países ante la recesión. Resulta muy probable que 2021 se trate del comienzo de la recuperación económica, y, por ello, la política fiscal debe plantearse en este marco.

Muchas propuestas formuladas allá por marzo y abril de 2020 hablaban de financiar con déficit el apoyo fiscal necesario para tratar de recuperar todo el nivel de actividad y empleo posibles cuando la economía se “descongelara” . En esto ha consistido la estrategia seguida por la mayoría de los países, y con bastante éxito, por cierto. Los ingresos de las familias aumentaron en 2020 un 4,3% para el conjunto de la OCDE, un 6,5% en EE.UU., o cerca de un 2,3% en Alemania. Esto no ocurrió en España, donde los ingresos de las familias cayeron un 1,1% en 2020, debido principalmente a la estructura del tejido productivo español y a la falta de capacidad fiscal.


Se debería concentrar la inversión pública disponible en programas con un alto multiplicador, que se autofinancien


Entonces, ¿qué puede o debe hacer nuestro país para salir de este atolladero? La principal idea giraría en torno a reforzar las líneas de ayuda a los más desfavorecidos y concentrar la inversión pública disponible en programas que claramente presentan un elevado multiplicador y que, por lo tanto, se autofinanciarían. Un ejemplo muy sencillo: en la situación actual de parón económico parcial, el programa masivo de vacunación frente a la covid-19. Su coste, por muy alto que resulte (que no es el caso en términos proporcionales), constituye una nimiedad frente al beneficio económico que implicaría una vacunación más rápida, que permita recuperar cuanto antes la mayor parte de la actividad económica (sobre todo en el sector de la hostelería, turismo, ocio, etc.). Esto tendría una repercusión mayor tanto en términos de crecimiento económico como de recaudación fiscal en comparación con el coste del programa. Con que permita recobrar dos tercios de la actividad perdida en los sectores más afectados por la pandemia, este ya se habría autofinanciado. De cara al próximo par de ejercicios, donde se harán notar entre la ciudadanía los efectos más directos de la crisis, habría que reformar y reforzar los estabilizadores automáticos, para evitar tener que expandir programas de gasto discrecional en los siguientes años, aportando así mayor seguridad y estabilidad tanto a la ciudadanía como a la economía española en su conjunto.

Por otro lado, los fondos Next Generation EU (NGEU), si se emplean bien, desencadenarán una revolución para la política fiscal española y podrían erigirse en el trampolín de las reformas que el país lleva años necesitando (en formación, inversión tecnológica, modernización de las Administraciones públicas, regulación laboral del siglo XXI…). La cuantía de los fondos NGEU correspondientes a España resulta más que suficiente para comenzar a acometer dichas reformas, pero el problema lo encontramos en su ejecución. Una expansión sostenible en el tiempo de la economía española debe acompañar a la expansión fiscal que conllevan los fondos NGEU, de modo que se apoye a la inversión privada y se generen nuevas oportunidades en nuestro territorio. Pero la política fiscal para los próximos años no debe detenerse aquí.

Hace falta un plan a medio-largo plazo de moderación presupuestaria y encorsetamiento del déficit público una vez que la economía española encuentre la senda del crecimiento sostenible. Las perspectivas en este sentido no son nada halagüeñas, ya que la Comisión Europea estima que el déficit estructural podría llegar al 7,2%, no ya en 2021, sino incluso en 2022. El sistema de pensiones contributivas y la evolución natural de su gasto a lo largo de los siguientes años no ayudará especialmente a reducir la presión sobre las cuentas públicas.

Como comentábamos al inicio, España registró un nivel de deuda pública del 117% del PIB a cierre de 2020, aunque el gasto en intereses de esta en términos reales se sitúa por debajo del 2% del PIB, lo cual se trata de una noticia positiva, ya que no ejerce demasiada presión sobre las cuentas públicas y aleja los fantasmas del impago que en tiempos pasados rondaron a nuestra economía. Lo que esta no puede permitirse es seguir generando déficits primarios superiores al 3% del PIB hasta 2025 (como señalan bastantes estimaciones).

En conclusión, la situación de las cuentas públicas españolas resulta complicada, pero nada comparable a la enfrentada en momentos como la crisis del euro, por ejemplo. La política monetaria del BCE está contribuyendo enormemente a deprimir los intereses de la deuda y aliviando de esa carga a los Estados miembros. Por su parte, países como España deberían aprovechar la oportunidad que les brindan tanto las condiciones extraordinarias de financiación como el NGEU para afrontar una serie de reformas que llevan siendo muy necesarias durante los últimos años y cuya relevancia se ha visto aumentada a la luz de la pandemia.


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