21
oct
Actualidad Económica

España cuenta con 19,3 millones de cotizantes a la Seguridad Social, cifra insuficiente para atender las numerosas e inminentes jubilaciones de la generación del baby boom. Según un estudio de BBVA Research, se necesitarían 28,5 millones de cotizantes, es decir, nueve millones de nuevos trabajadores. Es urgente abordar la salud de las cuentas públicas con las que se van a financiar estas pensiones. Según los últimos datos del Banco de España (BdE), la deuda del conjunto de las Administraciones públicas cerró julio en casi 1.20 billones de euros. Equivale al 97,61% del PIB, lejos de cumplir el objetivo del 95,8% para 2019 que figura en el programa de estabilidad remitido por el Gobierno a Bruselas.

La Administración que más ha aumentado su pasivo en el último año ha sido la Seguridad Social, que se situó en julio en 49.944 millones, lo que supone un incremento del 2,5% respecto al mes precedente y bate un nuevo récord. Este repunte de su deuda se debe a los préstamos que el Estado le ha concedido para garantizar el pago de las pensiones. Esta insostenibilidad se trata también del mayor problema de la Unión Europea. Según datos de Eurostat de 2016, los países del Mediterráneo tienen las deudas públicas más voluminosas en porcentaje de PIB.

Fuente: Actualidad Económica

Así, en Grecia representa el 178,5%; en Italia, el 131,4%; en Portugal, el 129,2%; en Bélgica, el 106,1%, y en España, casi el 99%. Por otra parte, debemos tener en cuenta la tasa de dependencia, cuyo papel es determinante en el éxito o fracaso del sistema de pensiones. Este indicador compara el número de jubilados que cobran una pensión frente al de trabajadores en activo.

La ratio actual de la UE se situó en 2018 de media en el 30,5%. Sin embargo, Eurostat anticipa que en 2080 alcanzará el 52,3%. Por tanto, cada vez hay menos cotizantes sosteniendo a cada persona inactiva. España presenta una tasa de dependencia muy elevada, casi del 30%. Esta población cada vez más envejecida exigirá un mayor esfuerzo contributivo de los trabajadores. La inmigración no supondrá ninguna solución, pues suelen optar a empleos menos cualificados, por lo que no tendrán demasiado peso en la viabilidad de las pensiones futuras.

Entre los ajustes que el BdE ve posibles se encuentra ligar la edad efectiva de jubilación con la esperanza de vida, como ya han hecho otros países: Italia, Portugal, Dinamarca y Finlandia. Así, la AIReF señala la conveniencia de que en España pase de los 62,7 años actuales a los 67. No parece factible, en cambio, aumentar las cotizaciones sociales, ya que están muy por encima de la media de la UE.

Lo que sí puede ayudar es el fomento de los planes de pensiones privados, siempre que desaparezca el hachazo fiscal cuando se rescatan de golpe y se deje de penalizar el ahorro. Lo peor de nuestro sistema de pensiones es que se haga electoralismo, porque la realidad de las cifras se impondrá cuando los damnificados, por su avanzada edad, ya no puedan hacer mucho por sí mismos.


Deja un comentario