28
may
Expansión

Parece claro que, aunque el PSOE obtuvo los mejores resultados en las elecciones del pasado domingo, el Partido Popular ha salido reforzado de ellas. Las votaciones para elegir los diputados del Parlamento Europeo –en las que los socialistas lograron su mayor éxito– son, sin duda, importantes; pero los resultados electorales en un país concreto van a tener poca importancia a la hora de diseñar la futura política de la Unión. No es sorprendente que el lunes se hablara en España tan poco de este tema. En cambio, el hecho de que en una determinada comunidad autónoma o en un ayuntamiento gobierne un partido u otro afecta muy directamente a los intereses no sólo de quienes viven en ellos, sino de todo el país, ya que con un voto tan fragmentado hoy es prácticamente imposible formar un gobierno –local, autonómico o nacional– sin negociaciones complejas que, ciertamente, van a estar ligadas entre sí.

El Partido Popular ha obtenido unos resultados inferiores a los que acostumbraba tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid –las dos elecciones más disputadas y seguidas de esta jornada– y, sin embargo, parece que va a poder gobernar en ambas instituciones. Son las normas del juego cuando el número de partidos es elevado. No olvidemos que Sánchez llegó al gobierno de la nación con los peores resultados electorales de su partido en muchos años. Y que Carmena, que ahora tiene que abandonar la alcaldía tras haber obtenido el mayor número de votos entre todos los candidatos, consiguió en su día el poder gracias a acuerdos con otros grupos, porque Esperanza Aguirre la superaba en votos y concejales.

Una cuestión preocupante es, sin duda, la polarización que parece haber tomado cuerpo en la política española. Y no quiero echar la culpa a partidos como Podemos o Vox que se encuentran en los extremos del segmento en el que se pueden situar a los grupos políticos. Sus ideas son claras y desempeñan el papel para el que fueron creados. En mi opinión, el principal problema es el PSOE, que es el que realmente se ha apartado en buena medida de lo que era su tradición y que no ha dudado en concluir acuerdos con la extrema izquierda y con partidos independentistas para poder gobernar en un marco político tan fragmentado como el que hoy existe.

Por esto era tan importante el resultado de estas elecciones. Centrémonos de nuevo en el caso de la Comunidad de Madrid. Supongamos que el PSOE y la extrema izquierda hubieran tenido suficientes votos para gobernar en coalición. Me temo que habríamos tenido muy serias razones para estar preocupados. Y la causa no sería ciertamente el sr. Gabilondo. El problema sería que habríamos tenido un gobierno del sr. Gabilondo con los dos grupos en los que se ha escindido Podemos. Y si analizamos las promesas electorales que los podemitas o expodemitas han presentado a lo largo de los últimos meses veremos que habría serios motivos para la intranquilidad. En primer lugar, nos enfrentaríamos a una fuerte subida de impuestos. Los habitantes de la Comunidad de Madrid se verían obligados, sin duda, a pagar un oneroso impuesto de patrimonio, tributo que ha sido abolido en casi todos los países que algún día lo tuvieron en su modelo fiscal. Y subirían de forma significativa los impuestos sobre la renta y sucesiones. Es decir, no sólo se elevaría la presión fiscal que hoy soportamos quienes vivimos en esta comunidad; tal subida se realizaría, además, de la forma más inconveniente posible, reduciendo los incentivos al ahorro y penalizando a los grupos más activos y dinámicos de nuestra sociedad.

Y las cosas no acabarían aquí. La obsesión por reducir el ámbito de la iniciativa privada es también notable. Desde la izquierda se han realizado propuestas de acabar con la enseñanza concertada, que es deseada por un número muy elevado de familias, cuyas preferencias parecen no importar ni poco ni mucho a quienes quieren la estatalización plena de la educación; de crear dificultades al desarrollo de los centros privados de salud, de nacionalizar o municipalizar servicios etc. Por otra parte, por estos mismos partidos, se aboga abiertamente por reducir la libertad de horarios comerciales que tanto costó conseguir en su día; y algunos de sus representantes han pedido incluso que se obligue por ley a cerrar las tiendas en domingo, atacando la libertad del empresario y despreciando a los consumidores que realizan sus compras en días festivos.

Y preocupante sería también la política de vivienda, que se centraría en programas tan costosos como ineficientes de vivienda pública y en regulaciones de todo tipo, entre las que se ha llegado a proponer la fijación de precios máximos para el alquiler. No es difícil ver que estas medidas habrían tenido como efecto distorsiones que habrían reducido la oferta de viviendas tanto en venta como en alquiler y elevado, por tanto, los costes soportados por aquellas personas a las que se pretendía favorecer.

En resumen, el marco institucional de la economía de Madrid habría sufrido los efectos de estas y otras políticas similares, que, de haberse aplicado, habrían deteriorado la competitividad de sus empresas y la capacidad de la región para crear riqueza. Y, les guste a no a quienes finalmente han quedado fuera del gobierno de Madrid, no es posible mejorar las condiciones de vida de la gente tomando medidas contrarias al crecimiento económico. Afortunadamente se ha disipado una amenaza grave…al menos por ahora.


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