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jun

Introducción

La pandemia del coronavirus ha puesto en tela de juicio muchas ideas, especialmente las que tienen que ver con la dicotomía entre sector público y privado. En este artículo, se analizan las compras y gestión de material sanitario por parte del demonizado sector privado y del Estado. Este último se vio sorprendido ante la magnitud de un problema que trataron de negar desde un inicio. Por todos es sabido que Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dijo en un principio que España no sufriría más allá de algunos casos [1].

Por desgracia para todos, no solo han resultado algunos más de los previstos, sino que España se trata del segundo país del mundo con mayor número de contagios totales por coronavirus (a fecha de 14 de mayo), tan solo por detrás de Estados Unidos. Y es el primero si los infectados se cuentan por millón de habitantes, con 5.831 casos. Un 34% más que el segundo, Estados Unidos (con 4.342 casos por millón de población) [2].

Gráfico 1. Casos de fallecidos por Covid-19 por millón de habitantes

Fuente: Worldometers.info
“No podía saberse”

En esto escenario, es lógico hacerse preguntas, como por qué no se tomaron medidas antes. Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 31 de enero de 2020 la emergencia internacional [3] y el 11 de marzo que la COVID-19 [4] era una pandemia global, España no decretaría el estado de alarma hasta el 14 de marzo [5]. Unos días que podrían haber tenido un impacto positivo en el número de contagiados, tal como han demostrado diversos expertos en la materia con simuladores matemáticos a partir de variables ajustadas a este tipo de virus [6].

Gráfico 2. Cronograma del coronavirus

Fuente: Fundacionio.com

El material sanitario, cuya problemática abordaremos en el siguiente apartado, se retrasó y la escasez de equipos de protección adecuados provocó que más de un 15% de la población contagiada fuera personal sanitario. Si tenemos en cuenta únicamente los rangos de edad entre 30 y 49 años, este porcentaje se dispararía hasta el 30% [7]. Una cifra escandalosamente alta, que permite constatar la gravedad de la situación para aquellos que se jugaban la vida cada día con mascarillas de tela fabricadas en casa.

Las compras se demoraron tanto que el Gobierno, a fecha de 17 de marzo, tan solo había repartido medio millón de mascarillas, y medio más que acababa de llegar [8]. Una cantidad del todo insuficiente, a pesar de que se anunció a bombo y platillo como una hazaña. No sería hasta el 26 de marzo cuando el ministro Salvador Illa anunciaría un nuevo contrato de material sanitario, valorado en más de 500 millones de euros [9].

Por si fuera poco, la compra de test defectuosos a empresas que no entraban dentro de la lista de vendedores autorizados proporcionada por China, como reconoció el propio Gobierno a regañadientes ese mismo día [10], provocó que estos tuvieran que devolverse. Y, consecuentemente, que las recomendaciones de la OMS de realizar test masivos se postergaran de una manera inasumible para la salud pública.

Estos vaivenes por parte del Ejecutivo no solo resultaron nefastos a nivel de compras, sino de confusión. Debido a las decisiones adoptadas por el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas no pudieron hacer acopio de material sanitario, y quedaron desabastecidas ante una pandemia que marcaba nuevos récords de casos día tras día.

¿Veto a las comunidades autónomas?

En España, la adquisición de material sanitario es, en un gran porcentaje, competencia de las comunidades autónomas. Estas se encargan de comprar y gestionar el material de los hospitales que les corresponden geográficamente, mientras que las competencias de coordinación general de la sanidad, legislación de productos farmacéuticos y régimen económico se dejan al gobierno central.

Ni siquiera en una situación como la actual, la clase política tuvo la capacidad de ponerse de acuerdo para combatir una amenaza mucho más fuerte e importante que los colores políticos, un virus que deja ya más de 25.000 fallecidos en nuestro país.

Aunque Illa se defendió de las acusaciones que Isabel Díaz Ayuso vertió el 19 de marzo acerca del bloqueo de material sanitario [11], alegando que no había habido ninguna restricción en la compra de suministros médicos [12], el 10 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un documento que pone en entredicho estas declaraciones. Ese día, tan solo cuatro antes de que se decretara el estado de alarma, el Gobierno modificó el artículo cuarto de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. El artículo quedó como sigue:

Cuando un medicamento, un producto sanitario o cualquier producto necesario para la protección de la salud se vea afectado por excepcionales dificultades de abastecimiento y para garantizar su mejor distribución, la Administración Sanitaria del Estado, temporalmente, podrá:

a) Establecer el suministro centralizado por la Administración.
b) Condicionar su prescripción a la identificación de grupos de riesgo, realización de pruebas analíticas y diagnósticas, cumplimentación de protocolos, envío a la autoridad sanitaria de información sobre el curso de los tratamientos o a otras particularidades semejantes.

La justificación de esta disposición se halla en la parte IV de la Exposición de motivos, que dice:

No obstante, las excepcionales dificultades de abastecimiento existentes en nuestro sistema nacional de salud, conllevan que la habilitación conferida al Estado para poder llevar a cabo el suministro centralizado de medicamentos y productos sanitarios sea insuficiente para poder garantizar el adecuado abastecimiento del material necesario para la prevención del COVID-19 en nuestro sistema nacional de salud, siendo preciso extender esta habilitación a otros productos necesarios para la protección de la salud que no tengan la naturaleza de producto sanitario, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios. Por ello, se hace necesario modificar dicha Ley Orgánica.

Si jamás existió tal veto, ¿por qué iba entonces a querer modificar el Gobierno una ley publicada hace más de 30 años? Posiblemente, por dos razones. La primera y fundamental, para legitimar las requisas de material tras la declaración del estado de alarma. Y la segunda porque, efectivamente, preveía que este virus podría cobrar una gravedad mucho mayor de la que estaban haciendo creer a los ciudadanos. Estos han sido quienes, al final, han sufrido (y sufren) las consecuencias. Por ejemplo, unos sanitarios desbordados, que carecían de medios para salvar a sus seres queridos, e incluso para protegerse a sí mismos.

La nefasta gestión de las compras de material sanitario

Tras hacer referencia a la magnitud de la enfermedad en España en comparación con el resto del mundo y a la mala gestión centralizada por parte del Gobierno, pasamos ahora a aportar información detallada de cada una de las adquisiciones y contratos firmados por el Ministerio de Sanidad en la emergencia sanitaria. Para ello, se ha recopilado información de los 77 contratos elevados a públicos por parte del Ministerio de Sanidad, que contienen los datos más relevantes de la obtención de material. El BOE recoge más de 1.000 documentos que dejan constancia de adquisiciones derivadas de la situación excepcional, pero, dada su naturaleza, hemos decidido centrarnos en aquellas realizadas por el Ministerio, ya que ha acaparado gran parte de la responsabilidad de la gestión. Sin perjuicio de lo anterior, y antes de analizar los contratos firmados por el de Sanidad, vale la pena comentar, como ejemplo anecdótico, los efectuados por otros ministerios para conseguir desde material de protección hasta ordenadores para el teletrabajo.

Esto último llama especialmente la atención por la clara diferencia entre unos y otros. Así, en un anuncio del BOE publicado el 28 de abril con expediente 202010000286, figura la compra de 40 ordenadores portátiles por valor de 71.840 euros por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En la misma fecha, otro anuncio, con expediente 202010000297, registra la compra de otros 50 ordenadores portátiles por 58.450 euros, para el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por último, el Instituto Nacional de Estadística (expediente 2020N0074050) adquirió 40 portátiles por 24.520 euros. Estas cantidades, aunque extraordinariamente irrisorias dentro del gasto público del Estado, ponen de manifiesto la diferencia del coste por unidad en función del organismo: 1.796, 1.169 euros y 606 euros respectivamente. La primera licitación triplica a la del INE, pese a que comparten los mismos objetivos, según el BOE. Por tanto, en unos casos, las compras se centralizan, y en otros, no. Decía Myrdal que la intercalación de ejemplos no sirve para demostrar nada, pero estos apuntan a cuál es la tónica habitual de la Administración, que no es posible describir por falta de tiempo, de espacio y de transparencia por parte de esta. A continuación, presentamos una lista completa de los 77 contratos, con la información más relevante, hasta el 14 de mayo de 2020.

Aunque no vamos a comentar cada uno de ellos, sí llaman de nuevo la atención varios detalles que vuelven a poner sobre la mesa la ineptitud del Gobierno en materia de gestión. En primer lugar, algo más del 20% de los proveedores del Ministerio de Sanidad fueron en un principio desconocidos. Pero lo peor radica en el valor de las contrataciones realizadas: ascendía a 577.134.223 euros. Esto significa que un 54,2% de todo el suministro corría a cargo de empresas en las que, según el propio BOE, España figuraba como país de residencia. Pero luego tuvieron que modificarlo (el 12 de mayo) para poner China. Era difícil que una empresa finalizada en LTD formara parte de nuestro tejido productivo, pero sin duda el Ejecutivo tenía que intentarlo.

Gráfico 3. Distribución de las compras por proveedor de material sanitario

Fuente: BOE

Tabla 1. Contratos adjudicados a empresas con dirección desconocida

Fuente: BOE

Antes de comentar casos específicos, no se puede dejar de mencionar que la lista aportada por el Gobierno, en apariencia ordenada, no lo está cronológicamente. Si se observa la tabla ordenada por fecha de más antigua a más reciente, se ve perfectamente que las grandes compras no se firmaron hasta, al menos, una semana después de decretar el estado de alarma. Esto refleja, una vez más, la falta de experiencia del Gobierno central en obtención de material sanitario.

Empresas de cementos y actividades jurídicas

Aunque se ignora la actividad de las empresas extranjeras de origen desconocido, sí sabemos a qué se dedican dos españolas: Hyperin Grupo Empresarial y Value&Bro.

Hyperin Grupo Empresarial

Según los datos públicos que se pueden consultar en el directorio de empresas de Expansión, Hyperin Grupo Empresarial, con un CNAE de 2352, se dedicaba a la fabricación de cal y yeso. Esto no impidió al Gobierno adjudicarle un contrato por valor de 3.310.650 euros a cambio de 144 respiradores.

Value&Bro

En el mismo sentido, Value&Bro, con un CNAE de 6910, correspondiente a actividades jurídicas, ha conseguido no uno, sino dos contratos, por valor de 9.359.350 euros, en concepto de suministro de 1,4 millones de hisopos. Estos (resulta importante mencionarlo) han sido suministrados a diferente precio, pese a haberse adjudicado en la misma fecha (17 de abril). Es cierto que el Gobierno debía actuar con la mayor rapidez posible y que muchas empresas se han reconvertido, pero cuesta creer que en España no hubiera compañías especializadas en un campo determinado, lo cual habría dotado a la transacción de mayores probabilidades de éxito.

El sector privado como alternativa

Gran parte de la población continúa pensando que, con un mayor peso del sector privado, quedaríamos a la deriva. A pesar de ello, los datos muestran que el colosal esfuerzo del que hace gala el Gobierno actual no lo es tanto si se compara con las aportaciones del sector privado. Así, las compras del sector público, según los contratos referenciados en el Anexo hasta el 14 de mayo, suponen un total de 1.064 millones de euros. Mientras, algunas de las donaciones más destacadas del sector privado han sido, como poco, de 381 millones de euros.

Esto significa que, tan solo con las aportaciones directas de 11 empresas españolas, obtenemos un 35% de todo lo invertido por el Ministerio de Sanidad. La tabla siguiente está construida a partir de las noticias que han elevado a públicas cada una de las compañías.

Tabla 2. Aportaciones realizadas por sector privado ante la Covid-19

La Tabla 2 no tiene en cuenta muchas de las aportaciones efectuadas por las empresas que se citan a continuación:

  1. Xiaomi: 30.000 mascarillas
  2. Alibaba: 500.000 mascarillas
  3. Novartis: 130 millones de dosis de 200 mg de hidroxicloroquina
  4. Huawei: 1 millón de mascarillas
  5. Solán de cabras: 240.000 litros de agua
  6. Mango: 2 millones de mascarillas
  7. Ikea: 2.500 conjuntos de ropas de cama para hospitales
  8. Más Móvil: 2.000 móviles y 400 routers

Podríamos seguir citando todo tipo de empresas, y no solo las grandes, además de asociaciones formales e informales que han estado produciendo material de forma mucho más eficiente y efectiva que otros organismos. Cabe destacar no solo la capacidad del sector privado para volcarse monetariamente, sino la que ha tenido para transformarse y comenzar a generar productos totalmente diferentes. Tal es el caso de SEAT, que ha estado fabricando respiradores; de L’Oreal, con soluciones hidroalcohólicas; o de Inditex, con material textil para los sanitarios. Muchas de ellas lo han conseguido pagando, además, los sueldos de gran parte de su plantilla.

En conclusión, la cuestión no trata necesariamente de decir si es mejor lo público o lo privado. Pero sí de remarcar que las empresas españolas e internacionales que han donado lo han hecho, muy probablemente, no por solidaridad o altruismo, sino porque son las primeras interesadas en que la economía se reactive. De lo contrario, su actividad se verá reducida. Inditex no necesariamente ayuda y provee de apoyo logístico al Gobierno de forma desinteresada y caritativa, sino porque quiere que España salga de esta crisis para que sus tiendas vuelvan a facturar. BBVA dona porque precisa de actividad para que los agentes económicos pidan préstamos y paguen los ya existentes. El Banco Santander ha donado 100 millones pero solo en aquellos países en los que tiene actividad. Y a Juan Roig, presidente de Mercadona, renunciar a los 70 millones que iba a cobrar este año no deja de reportarle un preciado valor de marca ante la opinión pública. Todo ello constituye un incentivo que beneficia a todos y que, por tanto, no se puede desperdiciar.

(Ver Anexo en el PDF adjunto).


[1] Agencia Atlas. (2020). Fernando Simón: “España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado”. Público. Disponible en https://www.publico.es/videos/835560/fernando-simon-espana-no-va-a-tener-como-mucho-mas-alla-de-algun-caso-diagnosticado

[2] Worldometers.info. (2020). Coronavirus Report. Disponible en https://www.worldometers.info/coronavirus

[3] Euro.who.int. (2020). 2019-Ncov outbreak is an emergency of international concern. Disponible en http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/international-health-regulations/news/news/2020/2/2019-ncov-outbreak-is-an-emergency-of-international-concern

[4] Who.int. (2020, 11 marzo). WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19. Disponible en https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—11-march-2020

[5] Real Decreto-Ley 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Boletín Oficial del Estado, 14 de marzo de 2020, núm. 67, pp. 25390-5400

[6] Epidemic Calculator. https://gabgoh.github.io/COVID/index.html

[7] Instituto Carlos III (ISCIII), (2020, 14 mayo). Informe sobre la situación de COVID-19 en personal sanitario en España.

[8] Ministerio de Sanidad, (2020). El Ministerio de Sanidad ha iniciado esta semana el reparto a las CCAA de más de un millón de mascarillas. Disponible en https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4813

[9] Ministerio de Sanidad, (2020). El Gobierno ha distribuido a las comunidades 6,7 millones de mascarillas desde el 10 de marzo. Disponible en https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4826

[10] Ministerio de Sanidad, (2020). La partida devuelta de test rápidos defectuosos contaba con homologación europea para su compra y comercialización en todo el espacio comunitario. Disponible en https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4827

[11] Ramos, A.B. (2020, 19 marzo). Ayuso denuncia que el Gobierno bloquea el material sanitario: “No ha llegado ni una mascarilla”. El Independiente. Disponible en https://www.elindependiente.com/politica/2020/03/19/ayuso-denuncia-gobierno-bloquea-material-sanitario-ni-una-mascarilla/

[12] Noticias 24 horas. (2020, 26 marzo). Ayuso denuncia que el Gobierno bloquea el material sanitario: “No ha llegado ni una mascarilla”. RTVE. Disponible en https://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/coronavirus-illa-no-habido-ni-hay-ninguna-restriccion-compra-suministros-medicos/5546167/


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