26
nov
Actualidad Económica

En el siglo XXI, las democracias liberales se enfrentan a un desafío crucial. Los cambios inducidos por la globalización, la revolución tecnológica y la Gran Recesión han acentuado la diversidad existente dentro de las sociedades avanzadas y disparado las demandas de reconocimiento por parte de algunos grupos que eran invisibles para la mayoría. Esta situación ha provocado la previsible reacción de otros grupos que se consideran preteridos o desplazados por la relevancia o primacía concedida a las minorías más reivindicativas. El resultado es un fraccionamiento de las sociedades democráticas en grupos articulados a través de identidades estrechas, lo que tiende a crear un escenario de conflicto cuya cronificación constituye una seria amenaza para la estabilidad del orden político y social. Tanto la izquierda como la derecha tradicionales empiezan a sentir la tentación de inyectarse el virus del tribalismo para cortar la hemorragia de votos hacia los populismos.

La bandera identitaria levantada por la izquierda contemporánea es el resultado de su crisis existencial. Durante buena parte del siglo XX, un sector de ella abrazó el ideario del marxismo revolucionario y su igualitarismo radical y, otro, la socialdemocracia, aceptó el capitalismo con la incorporación de un programa de expansión del estado de bienestar para proporcionar a la gente más protección social. Ambos asignaban a la extensión del poder estatal la función de conseguir una mayor igualdad bien mediante la colectivización total de la economía y de la sociedad bien, a través del aumento del gasto social y de los impuestos. El proyecto comunista colapsó simbólicamente con la caída del Muro de Berlín en 1989 y el socialdemócrata ha terminado por chocar con la realidad, esto es, con la incompatibilidad de su estrategia con la estabilidad macroeconómica y con el crecimiento.

Ante esa situación, la izquierda reformista comenzó a modificar su ideario clásico. Ya no se trata de defender la igualdad ante la ley de las minorías teóricamente o realmente marginadas, sino de proporcionarles un trato de favor, esto es, el reconocimiento intrínseco y diferenciado de sus privativas señas de identidad mediante la concesión de privilegios legales. Esto conduce a una sociedad fragmentada en una multitud de pequeños grupos en los que tiende a diluirse hasta desaparecer el concepto de ciudadanía. En este contexto, el discurso izquierdista ya no se dirige al electorado en su conjunto, entendido como una agrupación de individuos libres y responsables, sino a captar el voto de los distintos y separados colectivos en los que se ha segmentado la estructura social.

Esa actitud ha conducido de manera inevitable a la dictadura de lo políticamente correcto, una norma social que prohíbe a la gente expresar sus creencias y opiniones por temor a incurrir en el oprobio moral o en la censura pública. En una sociedad de estas características, obsesionada con la dignidad de las tribus que la componen, la libertad de expresión, principio básico de una democracia liberal se considera ofensiva. A modo de ejemplo, el uso de palabras como “él” o “ella”, en numerosas ocasiones, es considerado como una agresión o una falta de sensibilidad hacia las personas homosexuales, transgénero, etcétera. La filosofía de la identidad política profesada por la izquierda contemporánea supone una amenaza al discurso racional crítico necesario para preservar y sostener el sistema democrático.

La derecha occidental, sobre todo europea, que abandonó de modo paulatino la filosofía liberal para gestionar con la izquierda el consenso socialdemócrata, afronta un problema parecido al de sus adversarios tradicionales: su vaciamiento doctrinal. Sin embargo, su crisis es menos comprensible ya que tiene una opción disponible: recuperar el liberalismo como eje de un proyecto de reforma y modernización. Por desgracia, esa, a día de hoy, no es su alternativa. Parece resignada a ser la gestora “responsable” de un modelo que está agotado como lo estuvo el de planificación central a finales de los años ochenta del siglo pasado.

En este ambiente de desorientación teórica y práctica, el populismo derechista tiene un amplio margen de maniobra para crecer con una respuesta similar a la del populismo izquierdista, pero dirigida a un público distinto. Si bien resulta inaceptable en el plano moral que sea legítimo hablar sobre los derechos de las mujeres, de los gays, de los inmigrantes ilegales, etcétera, y no lo sea hacerlo de los de los heterosexuales o de los nativos sin ser calificado de homófofo o racista, la radicalización de ese discurso y su concreción colectivista son muy negativos. En la práctica suponen la adopción del mismo lenguaje y marco conceptual definido por la izquierda. La única diferencia es la definición de las víctimas; en este caso, los ciudadanos normales que constituyen, conforme a su visión, la mayoría social. Esta se ve sometida a una discriminación y marginalización crecientes en beneficio de las minorías, fenómeno alimentado por los medios de comunicación progres y aceptado por la clase política dominante con independencia de su ideología.

La única alternativa para evitar la descomposición de las sociedades democráticas en tribus condenadas a mantener una permanente lucha entre sí es abanderar el principio de “igualdad libertad”, a saber, la restauración del principio de igualdad ante la ley y, con él, la capacidad de cada individuo de vivir como desee siempre y cuando no agreda a los demás. El pluralismo es el reconocimiento de la diversidad de los fines vitales de cada ser humano dentro de unas reglas del juego iguales para todos; el multiculturalismo es el derecho de la tribu. El primero reconoce al individuo como el sustrato básico de cualquier organización social; el segundo, establece la primacía del colectivo. Uno es la base de una sociedad abierta; el otro lo es de las sociedades cerradas.


Deja un comentario